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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha propuesto una reforma parcial a la Constitución para eliminar la categoría de "grupos de atención prioritaria" para las personas privadas de libertad. Según un comunicado oficial emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia el 6 de noviembre de 2024, esta reforma implica modificaciones a los artículos 35 y 51 de la Constitución y busca asegurar una distribución más equitativa de los recursos y atenciones del Estado.
Sin embargo, la propuesta ha generado preocupaciones entre defensores de los derechos humanos, abogados y analistas, quienes la consideran una medida regresiva que podría vulnerar tanto los principios constitucionales como los compromisos internacionales asumidos por Ecuador. Actualmente, la designación de las personas privadas de libertad como un grupo prioritario tiene como objetivo garantizarles el acceso a derechos fundamentales, en un contexto de condiciones carcelarias que ya se consideran extremadamente precarias.
El artículo 11 de la Constitución ecuatoriana establece el principio de no regresividad de los derechos, lo que implica que los derechos progresivos no deben ser reducidos ni eliminados. Este principio está respaldado por el marco internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que exige justificación rigurosa para cualquier medida que implique una regresión en los derechos ya adquiridos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó en su informe de 2022 las graves condiciones del sistema penitenciario en Ecuador, como el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, la alimentación deficiente y la violencia generalizada. La CIDH ha reiterado en diversas ocasiones que estas condiciones constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, violando derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la salud.
Además, el Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU también ha denunciado la crisis penitenciaria, señalando deficiencias en áreas como la higiene, el acceso a la salud y la seguridad de los reclusos, especialmente los más vulnerables, como mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidades. La violencia dentro de las cárceles ecuatorianas es otro tema crítico, con enfrentamientos entre bandas que han causado la muerte de más de 500 prisioneros en los últimos años.
La reforma propuesta por Noboa, al eliminar la categoría de atención prioritaria, podría empeorar aún más las condiciones de los reclusos. Aunque el Gobierno justifica la reforma como un paso hacia la igualdad en el acceso a los recursos, expertos en derechos humanos advierten que esta perspectiva no toma en cuenta las condiciones diferenciadas de vulnerabilidad que enfrentan ciertos grupos, como las personas privadas de libertad.
La reforma debe ser aprobada por la Corte Constitucional, que evaluará su conformidad con el principio de progresividad de los derechos. Si supera este filtro, el proyecto será enviado a la Asamblea Nacional para su discusión y posible aprobación.
Fuente: Infobae
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