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Costa Rica
Los líderes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José confirmaron que el alcalde, Diego Miranda Méndez, les pidió retractarse de un informe en el que señalaban irregularidades en la contratación de una nueva plataforma para el cobro de parquímetros en la ciudad.
Mariano Rodríguez Solís, director, y Marvin Torres Labardini, subdirector de Asuntos Jurídicos, indicaron en una entrevista con La Nación que Miranda solicitó anular un oficio emitido por ellos, junto con la abogada Xinia Marín Barrantes, en el que advertían sobre la viabilidad de continuar con una licitación menor por ¢200 millones. Esta licitación, iniciada el 13 de junio de 2024, tenía como objetivo alquilar un sistema temporal para cobrar por estacionamiento en las zonas habilitadas de San José.
El oficio fue firmado el 16 de julio de 2024 y enviado a la oficina del alcalde a las 1:58 p.m. de ese mismo día. Según Torres, entregó personalmente el documento a Miranda el 18 de julio, durante una reunión en la que se discutió la situación. Miranda asumió la alcaldía el 1 de mayo.
El tema de los parquímetros se hizo público el 23 de julio, cuando la Municipalidad suspendió el cobro en 3,000 espacios de estacionamiento, los cuales generaban ingresos por ¢140 millones mensuales, debido al vencimiento del contrato con la empresa Setex-Aparki.
Miranda había propuesto un nuevo modelo que, según él, permitiría al gobierno municipal ahorrar ¢700 millones anuales. Incluso, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) ya se había publicado la licitación por ¢200 millones para alquilar la plataforma tecnológica. Sin embargo, debido a controversias, el 3 de septiembre, la Municipalidad debió adjudicar un nuevo contrato a Setex-Aparki. A pesar de ello, los cobros aún no se han reactivado, lo que está afectando las finanzas municipales.
El informe de los abogados señaló que la licitación promovida por Miranda estaba relacionada con una licitación mayor iniciada en 2023 para conseguir un proveedor de sistema de parquímetros para un contrato de 10 años. Este proceso estaba pendiente de una apelación presentada por Setex-Alpha-San José ante la Contraloría General de la República (CGR).
Según los abogados municipales, la nueva contratación debería esperar a que la Contraloría resolviera la apelación, conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley General de Contratación Pública. Sin embargo, Miranda no estuvo de acuerdo con esta recomendación. "El alcalde nos pidió que nos retractáramos", expresó Torres, quien subrayó que ellos mantuvieron su postura.
A pesar de las advertencias, Miranda anunció el 23 de julio la suspensión temporal del cobro de parquímetros durante cinco semanas, mientras se formalizaba un nuevo contrato para implementar el sistema de pago. Sin embargo, ya han transcurrido más de 17 semanas desde ese anuncio.
El 21 de noviembre, después de un evento en el Parque Morazán, Miranda fue consultado sobre si había solicitado anular el informe de los abogados, pero respondió que no conocía el documento y pidió que se lo enviaran. No obstante, la fecha de recepción del documento muestra que fue recibido por su despacho el 16 de julio.
Por otro lado, la Contraloría le dio la razón a Setex-Alpha-San José el 30 de julio, anulando la exclusión de la empresa por parte de la Municipalidad. En consecuencia, el 3 de septiembre, el Concejo Municipal decidió adjudicar nuevamente el contrato a Setex.
En el anuncio del “periodo de gracia” el 23 de julio, Miranda estuvo acompañado por Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal, quien sería responsable de la administración del contrato de la licitación menor para obtener un proveedor temporal. Las licitaciones menores no deben superar los ¢238 millones y tienen plazos más cortos para la presentación de ofertas.
Cuatro meses después, Solano confirmó que la licitación menor fue suspendida después de que la Contraloría fallara a favor de Setex-Alpha-San José. Solano alegó que no conocía la recomendación de los abogados antes del 23 de julio, pero aseguró que, tras esa fecha, la Dirección Jurídica emitió un nuevo informe sobre la viabilidad de continuar con la licitación menor.
Marvin Torres, subdirector de Asuntos Jurídicos, refutó esta versión, afirmando que no hubo una “reinterpretación” del criterio, sino que simplemente se evaluaron las ofertas presentadas, como pidió la Administración.
Desde que se suspendió el cobro de parquímetros, la Municipalidad dejó de recibir ¢870 millones, una cifra que incluye tanto las tarifas de estacionamiento como las multas. Sin embargo, Miranda reiteró que la suspensión no fue una decisión administrativa, sino que fue consecuencia de la falta de un sistema operativo para el cobro.
A pesar de la legislación vigente que permite solicitar una prórroga del contrato para evitar la interrupción del servicio, Miranda optó por suspender los cobros temporalmente mientras se formalizaba el nuevo contrato, aunque los cobros aún no se han reactivado.
Actualmente, el alcalde enfrenta una investigación penal por un presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública debido a la suspensión del cobro de parquímetros, una causa que fue confirmada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en septiembre de 2024.
Esta situación se da en el contexto de una investigación previa, en 2021, en la que la Contraloría sancionó al exalcalde Johnny Araya por un pago indebido de ¢253 millones a Setex-Aparki, lo que derivó en sanciones administrativas a varios funcionarios del ayuntamiento.
Aunque el proceso de licitación fue adjudicado en septiembre, la fecha de reactivación del cobro sigue sin confirmarse, lo que continúa generando incertidumbre tanto para la Municipalidad como para los usuarios del servicio.
Fuente: Nación
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