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Guatemala
En la sesión de ayer del Congreso de la República, los legisladores aprobaron importantes cambios a la Ley de Tránsito, tras una jornada marcada por ajustes al orden del día y debates sobre propuestas urgentes. A pesar de un inicio con más de dos horas de retraso, más de 120 diputados participaron activamente en la discusión de diversos puntos, incluyendo reformas clave para el país.
Uno de los temas más destacados fue la reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), que busca mejorar la eficacia de la institución mediante la creación de nuevas direcciones, una mejor estructura salarial, y la provisión de herramientas para el combate al crimen. Aunque se discutieron enmiendas en la Comisión de Seguridad Nacional, la urgencia de algunas propuestas no alcanzó el respaldo necesario en el hemiciclo.
Además, la sesión incluyó la aprobación de los nombramientos de Adriana Estévez y Julio Roca Morales como representantes ante el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), formalizando su nombramiento.
En otro punto destacado, se aprobó un nuevo decreto que reforma artículos clave de la Ley de Tránsito, una iniciativa presentada por el diputado Cristian Álvarez del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Con 140 votos a favor, la reforma busca evitar los abusos de las autoridades de tránsito municipal y mejorar la regulación del tránsito vehicular en el país.
"Esta ley busca actualizar y mejorar el marco normativo para una gestión más eficiente del tránsito, respetando siempre las opiniones y los derechos de los ciudadanos", explicó Manfredo Castañón, diputado de Movimiento Semilla, quien apoyó la iniciativa.
Uno de los cambios más relevantes es la autorización para que los conductores puedan portar de manera electrónica su tarjeta de circulación, en lugar de la tradicional versión física. Esta medida, que obtuvo 120 votos, moderniza los requisitos y facilita la verificación por parte de las autoridades.
También se prohibió que las policías municipales realicen operativos coercitivos en las rutas nacionales e internacionales para asegurar el pago de multas, una medida que busca evitar abusos en el cobro de infracciones.
La reforma establece que las autoridades deberán notificar a los conductores o propietarios de los vehículos antes de cobrar las multas, permitiendo que los infractores puedan ejercer su derecho a defensa dentro de un plazo de 15 días después de la notificación.
Con 127 votos a favor, se aprobó una modificación al artículo 34, que elimina el uso de los cepos en los vehículos hasta que se emita la boleta de aviso. Además, se estableció que las multas no notificadas prescriben a los 60 días, garantizando que no se pueda exigir el pago de sanciones no informadas dentro de este plazo.
Otro cambio importante es la obligatoriedad para las instituciones públicas de identificar sus vehículos oficiales, salvo en casos donde los funcionarios estén expuestos a amenazas debido a su cargo.
La reforma también introduce medidas para la incautación de vehículos y objetos ubicados en lugares no autorizados o que obstruyan el tránsito. Se estipula que un vehículo se considerará "abandonado" si permanece inmovilizado por más de 36 horas. Además, si un conductor acumula más de cinco multas impagas, las autoridades podrán proceder con la retención temporal del vehículo hasta que se resuelva la situación.
Con estos cambios, el Congreso busca mejorar la regulación del tránsito en el país, equilibrando las necesidades de control con los derechos de los ciudadanos, y promoviendo un enfoque más justo y eficiente en la gestión del tránsito vehicular.
Fuente: Prensa Libre
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