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Venezuela
El gobierno venezolano ha propuesto, este viernes (11 de octubre de 2024), la realización de un proceso de diálogo en Caracas entre “actores colombianos” con el objetivo de fomentar conversaciones que ayuden a construir caminos hacia el “respeto de la soberanía popular” en Colombia. Esta iniciativa surge en el contexto de la investigación electoral que afecta la campaña del presidente Gustavo Petro, relacionada con su financiamiento en las elecciones de 2022.
Además, el gobierno venezolano ha invitado a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su calidad de presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a actuar como mediadores en este proceso, con el fin de avanzar hacia el respeto de la soberanía popular en la nación andina.
Esta propuesta tuvo lugar tras la realización del ‘Foro Político y Académico sobre la situación en Colombia’, donde se discutió la investigación que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña de Petro, a raíz de supuestas irregularidades en su financiamiento. El presidente colombiano ha calificado esta situación como el inicio de un “golpe de Estado” en su contra.
La iniciativa del gobierno venezolano responde a la “agudización de la crisis” en Colombia y a las denuncias de Petro sobre la ejecución de un “golpe de Estado”. En este sentido, la Cancillería venezolana subrayó que durante el foro se llegó a un consenso sobre la importancia de fortalecer las relaciones políticas y diplomáticas entre Venezuela y Colombia, las cuales han mostrado un desarrollo positivo desde la llegada al poder del presidente Petro hace dos años.
Asimismo, la propuesta incluyó la participación de la “amplia comunidad” colombiana residente en Venezuela, que ha expresado su interés en integrarse a las iniciativas discutidas en el foro.
El pasado martes, el CNE colombiano anunció la apertura de una investigación y el inicio de cargos contra Petro y miembros de su equipo por supuestas violaciones de los límites de gasto establecidos para la campaña presidencial, así como por la utilización de fuentes de financiamiento no declaradas. Petro ha denunciado que esta decisión representa “el primer paso de un golpe de Estado” en su contra y ha llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), argumentando que se viola el resultado electoral que lo llevó a la presidencia.
Fuente: DW
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