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Costa Rica
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha anticipado su intención de vetar el proyecto de reducción del impuesto sobre la renta para trabajadores independientes, a menos que la Sala IV confirme que la propuesta carece de vicios de inconstitucionalidad y sea aprobada en un segundo debate.
Acosta hizo estas declaraciones la noche del jueves en la Asamblea Legislativa, tras asistir a una audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El ministro subrayó que el gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para bloquear la reducción impulsada por el Frente Amplio (FA), ya que este partido no ha cumplido con un acuerdo para compensar la disminución en los ingresos fiscales.
Para impedir el avance del segundo debate, el Ministerio de Hacienda ha preparado una consulta de constitucionalidad, firmada por ocho diputados del gobierno y dos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), argumentando tres vicios de forma y uno de fondo. Esta consulta logró detener la votación del jueves, y la Sala IV tiene un mes para emitir su respuesta.
El proyecto, propuesto por el diputado frenteamplista Jonathan Acuña, contempla una reducción del impuesto sobre la renta para todos los trabajadores independientes, especialmente aquellos con menores ingresos. La iniciativa permitiría que los que ganen menos de ¢6.244.000 anuales (aproximadamente ¢520.000 mensuales) quedaran exentos de impuestos. Actualmente, están exentos aquellos que perciben menos de ¢4.181.000 al año (¢348.000 mensuales).
Este cambio afectaría también a otros grupos de ingresos, dado que el impuesto se aplica de manera escalonada. Por ejemplo, quienes tienen ingresos anuales de ¢7 millones pasarían de pagar ¢320.000 a solo ¢75.000. El proyecto fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre.
Acosta sostiene que el FA ha violado un acuerdo para compensar las pérdidas fiscales que la propuesta generaría. El ministro argumentó que su plan era establecer un nuevo escalón impositivo del 30% para los trabajadores independientes de mayores ingresos, con el objetivo de reponer los ¢7.000 millones que perdería el fisco, dado que la tarifa máxima actual es del 25%.
“Buscábamos mantener un equilibrio, gravando un poco más a los deciles más altos y utilizando esos recursos para compensar a los deciles más bajos”, explicó Acosta. Agregó que están abiertos a negociar, pero insisten en la creación de un nuevo escalón que permita mitigar el impacto en la recaudación.
En la consulta constitucional presentada el jueves, se argumenta que no se solicitó el criterio del Poder Judicial, a pesar de que la iniciativa afecta sus ingresos, los cuales dependen constitucionalmente del 6%. Además, se reclama que no se documentó adecuadamente la votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios, lo que contraviene principios de publicidad y transparencia establecidos en el artículo 117 de la Constitución.
Los diputados también señalaron una supuesta violación del derecho de enmienda, argumentando que la falta de un informe del Departamento de Servicios Técnicos en una etapa tardía del proceso limitó la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto.
Por último, el Ministerio de Hacienda sostiene que el proyecto infringe el principio de equilibrio tributario de la Hacienda Pública.
Fuente: Nación
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