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Un reciente paquete de reformas legales en Nicaragua ha sido considerado por muchos como un nuevo instrumento en la intensificación de la persecución política contra los críticos del presidente Daniel Ortega, tanto dentro como fuera del país. Estas modificaciones, que afectan el Código Penal y la ley de ciberdelitos, también incrementan la presión sobre la Iglesia Católica.
Las reformas permiten juzgar a quienes realicen acciones en contra del régimen de Ortega desde el extranjero y habilitan la condena por publicaciones en redes sociales. Asimismo, se han modificado dos leyes adicionales: una que impone impuestos a las iglesias y otra que limita las operaciones de las ONG, que ahora solo pueden colaborar en programas conjuntos con entidades estatales. Desde el 2018, el régimen ha clausurado cerca de 5.500 ONG y ha confiscado sus bienes.
Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), afirmó que estas reformas "buscan crear un marco jurídico que legitime nuevas prácticas violatorias de los derechos humanos". Christian Salazar Volkmann, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que estas modificaciones podrían servir para intensificar la represión de nicaragüenses, incluso de aquellos que se encuentran en el exilio.
Un informe anual de la oficina del Alto Comisionado resaltó un "grave" deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, destacando arrestos arbitrarios y torturas bajo el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Este informe fue rechazado por la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales.
Los defensores de Ortega argumentan que las reformas fortalecerán las instituciones y ayudarán en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La diputada oficialista María Auxiliadora Martínez afirmó que estas iniciativas están diseñadas para reforzar la capacidad del país en el combate a la criminalidad organizada.
Sin embargo, Ormar de Cejil recordó que "no es la primera vez que en Nicaragua se reforman leyes para criminalizar a opositores o voces disidentes" y enfatizó que cualquier cambio legislativo debe alinearse con los tratados de derechos humanos que el Estado ha reconocido.
Desde las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes, el régimen de Ortega ha endurecido la represión, llevando a miles de nicaragüenses al exilio y confiscando propiedades. Ortega, quien fue guerrillero en la década de 1980 y ha estado en el poder desde 2007, ha calificado las manifestaciones de intentos de golpe de Estado apoyados por Estados Unidos.
El nuevo Código Penal contempla penas de hasta 30 años de prisión por "delitos contra el Estado", independientemente de si las personas se encuentran en Nicaragua o en el extranjero. Por su parte, la ley de ciberdelitos establece sanciones por publicaciones que generen "alarma", con penas de hasta 10 años de prisión. Cejil advirtió que este tipo de sanciones va en contra del principio de legalidad estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El abogado nicaragüense Salvador Marenco, ahora en el exilio, afirmó que la "política de represión transnacional" es una reacción de Ortega a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. El exembajador nicaragüense Arturo McFields expresó que estas reformas son un intento de Ortega por "justificar sus abusos y darles un carácter legal", estableciendo un marco jurídico que legitime sus acciones represivas.
Fuente: VOX
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