En Argentina, una nueva marcha federal reunió a miles de manifestantes que se oponen a las políticas de ajuste fiscal del presidente Javier Milei, especialmente en el ámbito educativo. La movilización, que tuvo lugar este miércoles, buscaba rechazar el veto presidencial a la ley que garantizaba el financiamiento de las universidades nacionales, aprobada recientemente por el Congreso.
La educación superior pública es un tema profundamente arraigado en la sociedad argentina, y esta marcha es la segunda gran movilización contra las decisiones de Milei en este sector. A pesar del respaldo generalizado a recortes en otras áreas del gasto público, un estudio de la Universidad de Buenos Aires revela que cerca del 91% de los argentinos se opone a reducir el presupuesto destinado a la educación y la salud.
Analistas como Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, y José Natanson, director de Le Monde Diplomatique en el Cono Sur, coinciden en que estas manifestaciones son indicativas de un rechazo transversal y plural a las políticas de ajuste en la educación pública. Según Nejamkis, aunque el electorado pueda respaldar medidas de austeridad en general, la educación universitaria es percibida como un valor que el Estado debe preservar.
Natanson destaca que este tipo de movilización refleja el carácter constitutivo de la educación pública en la identidad argentina. "Tocar este aspecto va en contra de una mayoría social fuerte", señala.
A pesar del fuerte reclamo social, el Gobierno no cedió. Horas antes de la marcha, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que Milei efectivamente vetaría la ley. El presidente, fiel a su estilo confrontativo, utilizó sus redes sociales para criticar a la clase política, acusándola de "prostituir una causa noble" como es la educación pública para ocultar actos de corrupción.
En un comunicado oficial, el Gobierno reafirmó su compromiso con el "déficit cero" y argumentó que los legisladores no deberían utilizar los recursos del Estado para "populismo demagógico". Además, acusó a la oposición de formar un "frente populista de izquierda" en defensa de los privilegios políticos.
Esta decisión, aunque coherente con la política fiscal de Milei, podría tener un alto costo político. El Congreso aún tiene la posibilidad de anular el veto presidencial si logra reunir los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados. Juan Manuel Abal Medina, exjefe de gabinete, advirtió que una derrota en este tema sería significativa para el Gobierno, ya que demostraría que el reclamo cuenta con amplio respaldo social y político.
Para Milei, sin embargo, la apuesta parece clara: está confiando en que su programa económico será exitoso a largo plazo y que, eventualmente, estos costos políticos podrán ser neutralizados si la situación económica mejora.
Fuente: CNN