Marko Cortés denuncia que la reforma judicial es en realidad una reforma electoral

 
México

Marko Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), anunció este lunes que su partido ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Reforma Judicial. Según el PAN, esta reforma se asemeja más a una modificación electoral, al proponer la elección popular de jueces y magistrados.

"Hoy presenté una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial ante la @SCJN, ya que lo aprobado por Morena no es solo una reforma judicial, sino un encubrimiento electoral. Al introducir la elección popular de jueces, se compromete la independencia del poder judicial y el proceso electoral", destacó Cortés en sus redes sociales.

En un comunicado, el dirigente del PAN subrayó que la reforma, recientemente ratificada por el Congreso de la Unión, en realidad oculta un cambio en el ámbito electoral, que busca que la ciudadanía elija directamente a jueces y magistrados, mediante un proceso que estaría organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y supervisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cortés también mencionó diversas “violaciones al proceso legislativo” durante la aprobación de la reforma, citando la falta de cumplimiento de suspensiones emitidas por jueces que ordenaron detener el proceso legislativo.

Adicionalmente, criticó supuestos "vicios procesales" como la falta de identificación adecuada de los participantes en la sesión y votaciones en la Cámara de Diputados, así como irregularidades en la instalación de órganos en el Senado y el inusual y rápido procedimiento de aprobación en Congresos Estatales, citando específicamente el caso de la Legislatura de Oaxaca.

El líder panista consideró preocupante la propuesta de establecer casillas especiales sin la presencia de representantes de los partidos políticos en el conteo de votos, además de la necesidad de crear un mecanismo que asegure la transparencia en la elección de jueces.

Asimismo, impugnó la “falta de deliberación efectiva” que garantice la autodeterminación de las comunidades indígenas, así como la “omisión” de actuar como un parlamento abierto y la “vulneración del derecho fundamental a la progresividad” para la ciudadanía.

Fuente: La Jornada