.jpg)
Guatemala
A pesar de la ausencia de un presupuesto específico para ciberseguridad en el ejercicio fiscal de 2025, los diputados guatemaltecos están optimistas sobre la posibilidad de discutir la iniciativa 6347 antes de que finalice el año. En la actualidad, Guatemala carece de una regulación adecuada para abordar la ciberdelincuencia.
Manfredo Marroquín, representante de la organización de transparencia Acción Ciudadana, señaló que, aunque la ley ha estado en la agenda, no ha recibido la atención que merece debido a otros temas prioritarios como la elección de cortes y la aprobación del presupuesto. Marroquín enfatiza la importancia de un análisis exhaustivo de la ley en conjunto con expertos del área antes de su aprobación.
El ciberespacio presenta grandes vulnerabilidades para Guatemala, y Marroquín advierte que es crucial fomentar un diálogo sobre el tema, asegurando que se respete la libertad de expresión y el acceso a la información pública. "Necesitamos mantener conversaciones más profundas antes de tomar una decisión final", subraya.
Cristian Álvarez, diputado de la bancada Creo y uno de los promotores de la iniciativa, argumenta que la nueva ley tiene como objetivo establecer un marco de protección de datos y tipificar delitos cibernéticos, como el robo de identidad y de información personal en redes sociales. También se prevé la creación de un centro estatal para compartir información sobre ciberataques, lo que aumentaría la seguridad y visibilidad sobre las tácticas de los delincuentes.
No obstante, mientras la ley no sea aprobada, Guatemala podría quedar excluida de foros internacionales que abogan por este tipo de regulaciones, como el convenio de Budapest, que tiene un plazo de integración hasta 2025. José Pablo Mendoza, otro de los promotores, destaca la urgencia de que Guatemala forme parte de estos espacios para beneficiarse del conocimiento de otros países con más experiencia en ciberseguridad.
Marroquín subraya que Guatemala no es un modelo en tecnología avanzada, lo que hace necesario aprender de naciones más desarrolladas en este campo. A pesar de sus preocupaciones, considera que la ley debe ser tratada como de "urgencia nacional" para su pronta aprobación. Mendoza añade que desde el 25 de septiembre se está trabajando en la comisión designada y espera que la ley sea aprobada este año o a inicios del próximo.
Villagrán, presidente de la comisión, afirma que están revisando la ley en profundidad para no perder de vista su potencial. El convenio de Budapest, según su perspectiva, facilitaría el acceso a una red de organizaciones internacionales especializadas en ciberseguridad, lo que podría mejorar la atracción de inversiones en el país.
Álvarez también advirtió que la falta de un marco legal podría traducirse en una pérdida de oportunidades de inversión, dado que las empresas suelen evitar países con altos índices de cibercrímenes. Villagrán coincide, señalando que una ley de ciberseguridad brindaría mayor confianza a los inversores al asegurar la protección de sus datos y operaciones frente a ciberataques, lo que podría fomentar un entorno más seguro y atractivo para la inversión extranjera.
El fortalecimiento de la economía digital a través de un entorno seguro podría estimular el crecimiento de empresas fintech y el comercio electrónico, atrayendo más inversión. Villagrán concluyó que la implementación de esta ley podría reducir los ataques a infraestructuras críticas, lo que se traduciría en menores costos para las empresas.
Sin embargo, Marroquín señala que la creación de esta ley requiere recursos que aún no están definidos. Mendoza destaca que el nuevo proyecto de presupuesto para 2025 debería incluir financiamiento para esta iniciativa, aunque actualmente no se ha destinado ninguna partida.
De acuerdo con el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos (OGDI), hasta julio de 2024 se habían registrado 583 alertas de ciberdelitos, siendo 117 de ellas denuncias de ciberestafas. Otros delitos destacados incluyen robo de identidad, ciberamenazas y el uso de voces clonadas mediante inteligencia artificial.
Álvarez enfatiza que la ley de ciberseguridad es vital, ya que diversas entidades gubernamentales han sido blanco de ciberdelitos. Resaltó que el Ministerio de Educación ha sufrido un ataque que expuso datos sensibles de maestros en busca de jubilación. Además, considera que es crucial proteger los datos de los ciudadanos que ahora se gestionan en plataformas virtuales, especialmente en el marco de la ley de simplificación de trámites.
Fuente: Prensa Libre
.jpg)