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La controversia en torno a Evo Morales se intensifica tras la denuncia en su contra por supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado, vinculados a una adolescente de 16 años. Este caso incluye a los padres de la joven y se remonta a 2018, cuando Morales y la menor, identificada con las iniciales E. S. N. V., habrían registrado su relación ante el Registro Civil de Yacuiba, en Tarija.
El 26 de septiembre de este año, tres fiscales de Tarija emitieron una resolución de aprehensión contra Morales. Este documento, parte de la Causa 601102012401698, ordena la captura del expresidente y establece que, al momento de su detención, se debe entregar una copia de la resolución y levantar un acta correspondiente. Una vez aprehendido, Morales deberá ser trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Tarija, hasta que un juez decida sobre su situación procesal.
La denuncia describe cómo, en 2018, Morales habría mantenido relaciones con una adolescente que, en ese momento, contaba con 15 años y que posteriormente quedó embarazada, dando a luz a una niña el 8 de febrero de 2016. La resolución señala que la madre, C. S. V. P., tenía 18 años en el momento del registro y que formaba parte de la "Guardia Juvenil del presidente Evo Morales", una agrupación compuesta por jóvenes de entre 14 y 15 años.
Los fiscales a cargo de la denuncia, Pamela Obando, Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, argumentan que representan legalmente a la sociedad en este caso y que su investigación es necesaria bajo el Código de Procedimiento Penal. Según el documento, los padres de la adolescente habrían inscrito a su hija en esta agrupación con el fin de obtener beneficios políticos y económicos, lo que incluye la supuesta explotación de la menor.
Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija, fue quien impulsó la denuncia, pero el proceso se detuvo debido a un recurso de libertad presentado por los abogados de Morales. Gutiérrez también acusó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de proteger a Morales y de haber contribuido a su destitución.
La situación ha generado un fuerte debate en el ámbito político y social, donde tanto opositores como miembros del bloque evista del MAS exigen justicia, mientras que la defensa de Morales califica los cargos como infundados. Morales, a través de sus redes sociales, expresó su descontento: "¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!".
Fuente: La Razón
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