Descontento legislativo por recortes en educación y seguridad mientras se celebra el fin de la Ley Jaguar 2.0 en Costa Rica

 
Costa Rica

Este miércoles, diversos diputados expresaron su descontento con los recortes presupuestarios del gobierno en educación pública, seguridad y la Editorial Costa Rica, al mismo tiempo que celebraron la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley Jaguar 2.0 por parte de la Sala Constitucional.

Durante la sesión de control político, legisladores de Nueva República, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional manifestaron su preocupación por las propuestas del ejecutivo para el presupuesto de 2025.

La diputada María Marta Carballo, del PUSC, inició su intervención celebrando la decisión de la Sala Constitucional, que invalidó la Ley Jaguar 2.0, considerándola inconstitucional y, por lo tanto, impracticable. No obstante, Carballo instó a la pronta tramitación de dos proyectos presentados por su fracción: uno para la construcción de Ciudad Gobierno y otro para reformar la ley de Japdeva, facilitando la edificación de una marina y una terminal de cruceros.

Horacio Alvarado Bogantes, también del PUSC, se quejó de los recortes en el sistema educativo, destacando que cientos de jóvenes han dejado las aulas, miles de becas han sido eliminadas y la red de cuido se ha debilitado. Además, denunció una reducción de ¢1000 millones destinados a infraestructura para proyectos comunitarios y programas sociales.

Alvarado también mencionó los problemas en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), donde, a pesar de los estrechos lazos con el gobierno, los programas de empleabilidad y bilingüismo se han visto afectados.

José Pablo Sibaja Jiménez, de Nueva República, criticó el “cierre técnico” de la Editorial Costa Rica, que sufrió un recorte de ¢500 millones, que, según afirmó, la comisión de Hacendarios planea reintegrar. “¿Acaso a este gobierno no le importa la educación o tiene una estrategia para desmantelarla?”, se preguntó, asegurando que su bancada no permitirá “ese atropello”.

Sibaja también señaló que del total de 325 instituciones estatales, solo en Casa Presidencial trabajan 260 funcionarios, quienes, a su juicio, carecen de la capacidad para presentar un proyecto de ley que no infrinja la Constitución.

Eliécer Feinzaig criticó los insultos del presidente hacia la oposición y cuestionó su utilidad para las víctimas de la inseguridad en el país. Además, advirtió que para 2025 el Ministerio de Seguridad no tiene previsto contratar nuevos policías y planea destinar apenas un 4.9% del PIB a la educación.

Feinzaig reveló que, en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), faltan al menos ¢118 mil millones, de los cuales ¢100 mil millones son necesarios para cubrir los salarios de los docentes y ¢18 mil millones para becas y transporte. Hizo un llamado para destinar recursos a la educación y la seguridad, con el fin de contratar más policías y reforzar la educación en todos sus niveles.

Gilbert Jiménez y Montserrat Ruiz, del PLN, también celebraron la caída de la Ley Jaguar 2.0 y advirtieron sobre nuevos proyectos del gobierno financiados por el BCIE, subrayando la necesidad de aplicar los controles adecuados en estos casos.