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Un grupo de 12 diputados ha presentado una solicitud ante la Sala Constitucional (Sala IV) para declarar inconstitucional el proyecto de reforma a la prisión preventiva aprobado en primer debate el pasado 10 de septiembre. La reforma busca ampliar los criterios para que los jueces dicten prisión preventiva, pero ha sido criticada por la Corte Plena por la ambigüedad de sus conceptos, lo que podría llevar a decisiones arbitrarias.
El 12 de septiembre, los legisladores plantearon una consulta de constitucionalidad facultativa, argumentando que la reforma podría constituir una pena anticipada, violar derechos fundamentales, erosionar el debido proceso y debilitar el sistema de justicia costarricense.
La solicitud fue impulsada por la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), y respaldada por sus compañeros de partido Sofía Guillén, Jonathan Acuña, Ariel Robles, Rocío Alfaro y Antonio Ortega. También la firmaron Gilberth Jiménez, Danny Vargas, Alejandra Larios y Dinorah Barquero del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP), y la diputada independiente María Marta Padilla.
Preocupaciones por ambigüedad en los conceptos de "comunidad" y "terrorismo"
Uno de los principales puntos de preocupación de los diputados es la incorporación de los términos "comunidad" y "actos de terrorismo" en el inciso d) del artículo 239 del Código Penal. Según los legisladores, la inclusión de estos conceptos podría violar los principios de legalidad, inocencia, razonabilidad, proporcionalidad y convencionalidad.
La reforma introduce la posibilidad de que la prisión preventiva se dicte para proteger a la "comunidad", definida como el grupo de personas que habita en la zona donde ocurrieron los hechos imputados. Sin embargo, los diputados consideran que este concepto es demasiado ambiguo y podría ser usado de manera discrecional, llevando a decisiones arbitrarias basadas en criterios subjetivos en lugar de una evaluación objetiva de riesgos, como la fuga o la obstrucción del proceso judicial.
La Corte Plena ya había advertido a la Asamblea Legislativa sobre los peligros de esta ambigüedad, señalando que podría generar arbitrariedades en la aplicación de la medida cautelar.
Contradicciones con normas internacionales
Los diputados también expresaron preocupación por posibles contradicciones de la reforma con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según estos parlamentarios, la Corte IDH ha sido clara al establecer que la prisión preventiva no debe ser utilizada como sanción anticipada ni basarse en criterios generales como la peligrosidad del imputado o el impacto social del delito.
Además, los legisladores criticaron la inclusión de "actos de terrorismo relacionados con la investigación" como criterio para dictar prisión preventiva, ya que consideran que esta expresión es vaga y podría interpretarse de manera arbitraria.
Críticas a la inclusión de delitos específicos
Los diputados también se oponen a la reforma del artículo 239 bis, que introduce una lista de delitos específicos —como homicidio simple, homicidio calificado, delitos sexuales contra menores y aquellos cometidos con armas de fuego— que justificarían automáticamente la prisión preventiva. Según los legisladores, este cambio convertiría la medida cautelar en una sanción anticipada y crearía una generalización peligrosa.
La reforma a la prisión preventiva es parte de una serie de 10 proyectos de seguridad promovidos por el gobierno para enfrentar la creciente violencia en el país. El texto original de la propuesta fue presentado por el diputado Gilberth Jiménez.
La Sala IV tiene hasta el 12 de octubre para emitir su resolución sobre esta consulta de constitucionalidad.
Fuente: La Nación
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