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Costa Rica
Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) han interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda, debido a la gestión de una póliza de ¢248 millones destinada a proteger al presidente de la República y su gabinete de posibles responsabilidades civiles derivadas de sus acciones.
El PLP presentó este recurso el 29 de octubre, argumentando que la aprobación de esta póliza violaría principios constitucionales, especialmente el deber de probidad, el uso correcto de los recursos públicos y el derecho a la igualdad ante la ley.
Los legisladores señalaron que el artículo 33 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y que no deben recibir privilegios que contradigan la dignidad humana. Según ellos, la contratación de esta póliza con el Instituto Nacional de Seguros (INS) parece favorecer exclusivamente al presidente y su gabinete, lo que podría ser interpretado como un privilegio no accesible al resto de los ciudadanos ni a otros funcionarios públicos.
El PLP también subrayó la relevancia de la situación, considerando que el presidente Rodrigo Chaves enfrenta más de 50 causas penales por delitos presuntamente cometidos, como tráfico de influencias, abuso de autoridad y difamación pública.
“De acuerdo con la normativa, estas acusaciones no deberían ser cubiertas con fondos del Estado, ya que no forman parte de las responsabilidades inherentes al cargo ni justifican un interés colectivo”, afirmaron los congresistas.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue quien impulsó la contratación de esta póliza para proteger al mandatario, a los vicepresidentes, ministros y viceministros ante posibles litigios o sanciones por acciones contrarias a la ley, omisiones o negligencias en su desempeño como funcionarios.
Respecto al principio de probidad, los diputados liberales recordaron que el artículo 11 de la Constitución establece que la función pública debe orientarse a satisfacer el interés general. Además, la Ley contra la Corrupción exige que los funcionarios sean responsables por actos de negligencia, abuso de poder o malversación de fondos.
Para el PLP, la existencia de esta póliza eximiría al presidente y a su gabinete de esta responsabilidad. Además, financiar este seguro con recursos públicos contraviene el principio de probidad, al otorgar un trato privilegiado y discriminatorio a los altos funcionarios.
En un movimiento paralelo, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, presentó tres mociones ante la Comisión Legislativa de Control del Ingreso y el Gasto Público para convocar al ministro Acosta a rendir cuentas sobre la contratación del seguro. También solicitó la comparecencia del vicepresidente de la República, Stephan Brunner, y de la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón.
“Busco que estos funcionarios aclaren los detalles sobre la contratación de la póliza para 65 funcionarios del Poder Ejecutivo, que ha suscitado muchas dudas sobre su legalidad y legitimidad en interés público”, declaró la diputada liberacionista.
Ante la presión pública, Acosta decidió pausar la compra el lunes pasado para consultar a la Procuraduría General de la República sobre la legalidad del uso de recursos públicos para esta contratación.
La bancada del PLP ha manifestado que la creación de una póliza estatal que cubra actos personales más allá de las funciones del empleado público amenaza la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Consideran que esta póliza podría permitir que los funcionarios eviten la rendición de cuentas por sus acciones, generando así una percepción de impunidad.
“No es justificable que los posibles errores de la administración, incluso aquellos actos personales que puedan causar daños y responsabilidad civil, sean cubiertos por una póliza financiada por el erario público”, protestaron los congresistas.
El PLP recordó que la Contraloría General de la República (CGR) emitió en 2008 una resolución que establece que los funcionarios que manejan recursos públicos deben garantizar su responsabilidad con sus propios fondos, lo que implica que deben costear sus propias pólizas de responsabilidad civil.
“Esta medida busca proteger el patrimonio público y responsabilizar de manera directa a quienes administran o acceden a fondos públicos”, concluyó el recurso de amparo.
El documento fue firmado por los diputados Eliécer Feinzaig, Cynthia Córdoba, Gilberto Campos, Johana Obando y Luis Diego Vargas, y se presentó contra el Ministerio de Hacienda y cualquier otra autoridad pública involucrada en la gestión de la póliza.
Fuente: Nación
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