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Costa Rica
Maikol Porras, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y alcalde de Sarchí, expresó su descontento con la falta de financiamiento que reciben para las rutas cantonales, mientras el gobierno busca transferir más calles a las municipalidades. "No nos están proporcionando los recursos que la ley establece, y aún así estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Ahora, además, intentan trasladarnos más calles, lo que rechazamos de plano", declaró Porras en referencia al decreto ejecutivo que permitiría al gobierno transferir secciones de la red vial nacional a las redes cantonales.
La ANAI ha presentado una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para impugnar el decreto 44263-MOPT, argumentando que es ilegal e inconstitucional. A su vez, cuatro municipalidades han interpuesto acciones de inconstitucionalidad ante la Sala IV.
El presidente de la ANAI subrayó que cualquier transferencia de competencias y asignación de nuevos recursos debe llevarse a cabo a través de un proyecto de ley. Sin embargo, el decreto permitiría delegarles la gestión de 3.071 kilómetros de carreteras secundarias y terciarias sin un aumento de presupuesto. "Hay alcaldías dispuestas a asumir más responsabilidades, pero siempre que se les asignen los recursos necesarios. La ley actual solo contempla una cantidad específica de kilómetros para la red vial cantonal; por lo tanto, si se desea transferir más calles, es necesario modificar esa ley en la Asamblea Legislativa", añadió Porras.
El alcalde también destacó la denuncia de la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quien señaló que el Ministerio de Hacienda ha asignado ¢12.645 millones menos de lo estipulado por la ley para atender la red vial cantonal en el presupuesto nacional de 2025. Según Ramírez, el monto previsto para las vías cantonales es de ¢119.119 millones, que se mantiene igual que en 2024, mientras que, conforme a la Ley 8114, debería ser de ¢131.764 millones.
Aunque el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, ha manifestado su disposición para tramitar un proyecto de ley que aumente los fondos asignados, hasta ahora no se ha presentado ninguna iniciativa legislativa al respecto. La única propuesta en curso es del diputado Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN).
En otro ámbito, el Tribunal Contencioso Administrativo ha reactivado la suspensión provisional del decreto ejecutivo 44263-MOPT, una medida solicitada por la Municipalidad de Santa Bárbara que impugnó la orden presidencial. Este decreto, que se publicó en septiembre de 2023 y fue firmado por el presidente Rodrigo Chaves y el entonces ministro de Obras Públicas, Luis Amador, entró en vigor el 10 de julio, pero ha sido objeto de críticas severas por parte de la ANAI y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
El juez Johel Antonio Beausejour había congelado el decreto en respuesta a la solicitud del alcalde de Santa Bárbara, Víctor Hidalgo, mientras se recopilaban más evidencias para una resolución final. Sin embargo, el 1 de octubre, la jueza Alana Fonseca determinó que no había suficientes fundamentos para otorgar las medidas cautelares solicitadas, permitiendo que el decreto continúe vigente mientras se resuelve el caso.
Porras reafirmó su respeto por la decisión del Tribunal, pero insistió en que seguirán adelante con su demanda para demostrar la nulidad del decreto. "Es posible que el MOPT reactive la transferencia de las calles a los cantones, aunque han afirmado que esto no ocurrirá sin diálogo previo con los gobiernos locales. Esperamos que se reabran las líneas de comunicación", concluyó.
A la fecha, no se han trasladado kilómetros adicionales a ninguna municipalidad, pero Porras advirtió que esta posibilidad existe mientras el decreto siga en vigor. Según la ANAI, las calles que el MOPT pretende transferir se distribuyen en 78 cantones, principalmente en áreas rurales, con tramos significativos en San Carlos (230 km), Pérez Zeledón (223 km), y Pococí (190 km), entre otros.
Fuente: Nación
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