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Costa Rica
Dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) jugaron un papel crucial al ayudar a los ocho legisladores oficialistas a bloquear un proyecto de ley destinado a reducir el impuesto sobre la renta para trabajadores independientes. Su intervención fue clave al aportar las dos firmas necesarias para remitir el plan a consulta ante la Sala Constitucional.
Los diputados socialcristianos Alejandro Pacheco Castro y Carlos Andrés Robles Obando respaldaron la gestión realizada por Pilar Cisneros, jefa de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), respecto al expediente legislativo 23.578.
El documento fue presentado ante la Sala Constitucional el jueves pasado, justo después del mediodía. Esta consulta, si es aceptada por el tribunal, suspenderá el avance del proyecto durante un mes.
El grupo de diez diputados sostiene que la iniciativa no fue consultada al Poder Judicial y que no hay constancia de la votación del dictamen. Argumentan que esto vulnera el derecho a enmendar y el principio de equilibrio tributario.
Cisneros confirmó que el texto de la consulta fue elaborado por el Ministerio de Hacienda, que se opone a la medida debido a que significaría una pérdida de ¢7.000 millones anuales para el fisco.
Aunque la diputada independiente María Marta Padilla había firmado inicialmente, finalmente retiró su apoyo. Los ocho diputados oficialistas que apoyaron la gestión son Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Waldo Agüero, Paola Nájera, Manuel Morales, Jorge Rojas, Ada Acuña y Alexánder Barrantes.
Esta propuesta, presentada por el Frente Amplio, busca reducir el impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes, enfocándose especialmente en aquellos con ingresos más bajos. La iniciativa exime a los independientes con ingresos anuales inferiores a ¢6.244.000 (aproximadamente ¢520.000 mensuales). Actualmente, están exentos quienes ganan menos de ¢4.181.000 al año (¢348.000 mensuales).
La modificación en esta base impositiva significaría una reducción en los impuestos para todos los demás tramos de ingresos, dado que este impuesto se aplica de manera progresiva. Por ejemplo, quienes tienen ingresos anuales de ¢7 millones pasarían de pagar ¢320.000 a ¢75.000 en impuestos.
El proyecto de ley había sido aprobado en su primer debate el 23 de septiembre y estaba programado para su segundo debate el jueves 3 de octubre.
En el texto de la consulta constitucional, el Ministerio de Hacienda presenta tres irregularidades de forma y un argumento de fondo en contra de la iniciativa.
Los diputados oficialistas alegan que hubo violaciones en el procedimiento legislativo al no consultar al Poder Judicial sobre el expediente, argumentando que la propuesta afecta su organización y funcionamiento al reducir los ingresos corrientes que financian al Poder Judicial, establecidos constitucionalmente en un 6%.
Esto, según ellos, contraviene los artículos 167 y 190 de la Constitución Política, así como el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que detalla los procedimientos para consultar a la Corte Suprema de Justicia.
Además, argumentan que las actas de la Comisión de Asuntos Hacendarios carecen de la forma de votación del dictamen del proyecto, lo que, a su juicio, infringe los principios de publicidad y transparencia legislativa establecidos en el artículo 117 de la Constitución.
El tercer reclamo señala una supuesta violación al derecho de enmienda de los diputados, debido a la falta de un informe del Departamento de Servicios Técnicos en un momento procesal tardío, lo que limitó la posibilidad de modificar el proyecto.
En lo que respecta al fondo, el oficialismo sostiene que el proyecto infringe el principio de equilibrio tributario para las finanzas públicas y el equilibrio económico para los trabajadores.
Fuente: Nación
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