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La comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó por unanimidad este martes un proyecto de ley que crea el delito de enriquecimiento ilícito. Esta iniciativa será debatida y votada en el plenario del Senado este miércoles 4 de septiembre, en una de las últimas sesiones del periodo legislativo antes de la finalización de las sesiones ordinarias el 15 de septiembre, debido al año electoral.
El proyecto original provino de dos propuestas diferentes, una del Frente Amplio y otra de Cabildo Abierto. Sin embargo, los legisladores de ambos partidos, junto con los representantes del Partido Nacional y el Partido Colorado, acordaron votar un texto alternativo elaborado por el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
El proyecto, que será sometido a votación en el Senado, establece que el artículo 159 Bis del Código Penal disponga lo siguiente: “El funcionario público obligado a presentar declaración jurada de bienes e ingresos que, durante el ejercicio de su cargo o hasta dos años después de cesar en sus funciones, obtenga un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación a sus ingresos legítimos, será sancionado con una pena de 18 meses a seis años de prisión, multa de 50 UR a 15.000 UR, e inhabilitación de dos a cinco años”. Con el valor actual de la Unidad Reajustable (UR), la multa máxima se estima en aproximadamente US$ 661.000.
Los senadores que respaldaron la iniciativa en la sesión de este martes, la penúltima del año para la comisión, incluyen a Graciela Bianchi y María Dolores Álvarez (Partido Nacional), Pablo Lanz (Partido Colorado), Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), y los frenteamplistas Eduardo Brenta, Graciela García, Liliam Kechichian y Óscar Curutchet.
Eduardo Brenta, quien será el miembro informante en el plenario del Senado, afirmó que la aprobación de esta ley es un paso crucial para dotar al país de herramientas que refuercen la transparencia en la gestión gubernamental. Brenta destacó que, gracias al consenso alcanzado y a la colaboración del Instituto de Derecho Penal y Criminología, se ha logrado un texto que despeja cualquier duda sobre su constitucionalidad y que responde a las exigencias internacionales, como las establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El Instituto de Derecho Penal y Criminología fue consultado sobre los proyectos iniciales del Frente Amplio y Cabildo Abierto. Tras un análisis exhaustivo, el director del instituto, Germán Aller, y su equipo propusieron un texto alternativo que fue aprobado por la comisión. En su informe, el instituto subrayó la necesidad de ajustar la normativa penal uruguaya a las recomendaciones internacionales sin vulnerar los principios fundamentales de la Constitución, como la presunción de inocencia y el derecho a no autoincriminarse.
El informe también destacó que la nueva normativa no requiere la formalización o sentencia de condena por el delito base para que se configure el enriquecimiento ilícito, brindando así autonomía a esta figura penal, similar a la tipificación del delito de lavado de dinero.
Fuente: El País
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