.jpg)
Los diputados han aprobado una reforma significativa a la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional con el propósito de descongestionar los tribunales civiles y reducir la mora judicial. Entre las principales modificaciones se encuentran la reducción de plazos procesales y la incorporación de audiencias virtuales, medidas que buscan modernizar y hacer más eficiente el sistema.
Esta reforma alinea la legislación costarricense con estándares internacionales, siguiendo el ejemplo de países como Brasil, España y México, que han adoptado reformas similares para optimizar sus sistemas judiciales.
Una de las modificaciones clave es la reducción de los plazos para ciertos trámites nacionales. Por ejemplo, el tiempo para impugnar a un árbitro se acortará de 15 a 5 días en arbitrajes domésticos. En caso de rechazo de la recusación, se podrá solicitar una resolución alternativa en un plazo de 5 días en lugar de 30. Además, las partes tendrán 10 días para apelar decisiones sobre excepciones previas al laudo, en lugar de los 30 días actuales.
Otra novedad destacada es la autorización de audiencias virtuales por videoconferencia, que promete reducir costos y acelerar los procesos.
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, quien promovió la reforma junto con la independiente Gloria Navas, subrayó que estos cambios fortalecerán la capacidad de los tribunales arbitrales para otorgar medidas cautelares antes y durante el proceso, mejorando la protección de las partes involucradas y previniendo situaciones que puedan afectar el resultado final.
La reforma también apunta a proporcionar mayor seguridad jurídica, simplificar la ejecución de laudos extranjeros y ofrecer una mayor flexibilidad procesal. Una de las principales motivaciones detrás del cambio es eliminar la posibilidad de apelar las decisiones de los tribunales arbitrales sobre su jurisdicción ante la Sala Primera de la Corte Suprema, lo que frecuentemente ha paralizado los procesos y se ha usado como táctica dilatoria.
Además, se restringirán las opciones para impugnar los laudos arbitrales, limitando los recursos de nulidad a casos específicos para evitar abusos que retrasan los procedimientos.
El proyecto recibió aportes de diversos sectores, incluidos la Cámara de Comercio, el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), la Cámara de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados, el Ministerio de Justicia y Paz, y el abogado Felipe Volio Soley.
El CICA celebró la aprobación, destacando que la reforma elimina la duplicidad normativa entre las leyes nacionales e internacionales y establece un sistema unificado. Roy Herrera, presidente del Consejo Directivo del CICA, afirmó: “Con esta reforma, Costa Rica avanza hacia la modernización del arbitraje, creando un marco jurídico único que no solo hará más eficiente la resolución de conflictos, sino que también garantizará seguridad jurídica y fomentará un entorno favorable para los negocios a nivel nacional e internacional.”
Fuente: La Nación
.jpg)