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Colombia
El presidente Gustavo Petro ha respondido a las acusaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de una serie de mensajes en su cuenta de X, afirmando que los señalamientos en su contra son parte de una estrategia para deslegitimar su mandato y, potencialmente, promover un golpe de Estado.
Petro ha afirmado que los cargos presentados por los magistrados Benjamín y Prada del CNE abarcan tres áreas principales: las donaciones de sindicatos a partidos políticos, la realización de actos de campaña fuera del período establecido, y errores en las facturas relacionadas con la aeronave utilizada durante la campaña y los servicios de Caracol TV.
Sobre las donaciones, el presidente subrayó que, a diferencia de los partidos de derecha que reciben apoyo de grandes empresas, los partidos de izquierda dependen de sindicatos. Aseguró que su campaña rechazó aportes de personas jurídicas y que las contribuciones de sindicatos como la USO y Fecode fueron malinterpretadas como gastos de campaña.
En cuanto a los actos de campaña fuera del período oficial, Petro argumentó que algunos de sus eventos políticos previos a la oficialización de su candidatura fueron incorrectamente clasificados como actos de campaña. Respecto a las acusaciones sobre errores contables, el presidente desmintió cualquier vínculo con criptomonedas o con la empresa controvertida Daily Corp, explicando que su campaña reportó correctamente los gastos ante la Dian, aunque los magistrados no consideraron las correcciones efectuadas.
Petro concluyó señalando una presunta estrategia de sectores de ultraderecha y ciertos medios de comunicación para usar las investigaciones del CNE como un instrumento para desacreditar su gobierno y avanzar con un golpe de Estado.
El 16 de septiembre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el aplazamiento de la votación sobre la ponencia para formular cargos por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022. La decisión sobre la apertura de una investigación formal se pospuso hasta el 30 de septiembre debido a que la magistrada Alba Lucía Velásquez, recientemente regresada de una licencia médica, necesitaba más tiempo para revisar el extenso expediente.
El CNE evaluará la posible violación de los límites de financiamiento establecidos por la ley, y en caso de confirmarse las irregularidades, los encargados financieros de la campaña podrían enfrentar sanciones administrativas. El aplazamiento permitirá que la magistrada Velásquez tenga el tiempo necesario para examinar toda la documentación involucrada.
Fuente: 90 Minutos
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