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Un nuevo intento por reformar la gestión de las notarías ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional, presentado por el diputado independiente Jorge González López del circuito 8-5 (Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo). La propuesta legislativa busca establecer un marco claro para el nombramiento y la función de los notarios, con el objetivo de aumentar la transparencia y evitar prácticas políticas.
El proyecto de ley, que consta de 23 artículos, define detalladamente las funciones, atribuciones y requisitos necesarios para ser notario, además de establecer mecanismos de fiscalización. En la actualidad, muchas notarías operan con opacidad, manteniendo reglas propias y funcionando a menudo como centros de poder para los partidos políticos en el poder.
La iniciativa propone que los aspirantes a notarios cumplan con ocho requisitos fundamentales. Entre ellos, se incluye residir en el área del circuito notarial correspondiente, tener al menos 10 años de experiencia en el ámbito judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Electoral o en la Defensoría del Pueblo, y contar con un diplomado en derecho notarial antes de asumir el cargo.
Además, el anteproyecto establece que los notarios serán nombrados por un período de cinco años, designados por una junta técnica compuesta por representantes de la Procuraduría de la Administración, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Comité Ecuménico.
El Ministerio de Gobierno (Mingob) tendrá la responsabilidad de fiscalizar y supervisar la función notarial. Los notarios deberán presentar anualmente una copia de su protocolo nacional a los Archivos Nacionales, ya sea en formato físico o digital. La Autoridad de Innovación Gubernamental se encargará de crear un sistema digital para automatizar y almacenar estos documentos. El Mingob también auditará el trabajo de los notarios y podrá imponer multas de entre $5 mil y $50 mil por incumplimiento.
En agosto pasado, el presidente José Raúl Mulino nombró a 21 nuevos notarios, incluidos individuos que ocuparon altos cargos durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), como Sergio González Ruíz, exdirector de la Lotería Nacional de Beneficencia, y el abogado Héctor Santos Rudas, diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y colaborador cercano de la familia Martinelli Linares.
Esta nueva propuesta busca abordar la falta de transparencia en el sistema notarial y reducir la influencia política en la selección de los notarios, en un esfuerzo por fortalecer la integridad y la confianza pública en estos servicios cruciales.
Fuente: La Prensa
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