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Evo Morales ha revelado que la marcha de su facción, en el marco de la "Marcha para salvar Bolivia", ingresará a La Paz por diversas rutas, incluyendo el Lago Titicaca, los Yungas y la carretera a Oruro. En una conferencia de prensa, el expresidente enfatizó que la movilización, que partió de Caracollo, Oruro, avanzará hacia la sede de gobierno desde los "cuatro puntos cardinales".
A medida que la marcha progresa, se han registrado siete bloqueos en las rutas hacia Copacabana y otros sectores, organizados por un grupo de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari. Los marchistas exigen la validación del congreso de Lauca Ñ, celebrado en octubre de 2023, además de soluciones a la escasez de dólares y combustibles, créditos productivos, y el respeto a las instituciones de seguridad del país.
La llegada de la protesta ha generado una respuesta negativa de varios sectores en La Paz. El Pacto de Unidad, que apoya al presidente Luis Arce, ha convocado a sus bases para frenar el avance de la marcha, programada para el 23 de septiembre. También, plataformas ciudadanas que se manifestaron en contra de Morales en 2019 se han declarado en emergencia ante su llegada.
Morales ha acusado al Gobierno de instar a sus funcionarios a participar en una contramarcha, mencionando que muchos de ellos enfrentan amenazas de descuentos salariales si no cumplen con la instrucción. "Están amenazando a los funcionarios con descuentos del 3% de su salario", aseguró.
En un giro de acontecimientos, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, extendió una invitación al diálogo, pero Morales ha decidido no hacer comentarios, considerando que no hay nada oficial.
La marcha, que lleva un pliego de 16 puntos, se ha intensificado en su tercer día, con exigencias que incluyen la validación de su congreso en Lauca Ñ y el respeto a la candidatura de Morales para las elecciones de 2025.
El conflicto ha escalado, con un juez dictando sentencia a cuatro campesinos involucrados en bloqueos, lo que ha provocado una reacción enérgica de sus líderes, quienes amenazan con tomar el Palacio de Gobierno si sus compañeros no son liberados.
Además, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha denunciado el uso de un vehículo costoso por parte de Morales, cuyo propietario está vinculado a un caso de narcotráfico, lo que añade otra capa de controversia a la situación actual.
Mientras tanto, la llegada de la marcha está prevista para el 23 de septiembre, y la tensión continúa creciendo en el escenario político boliviano.
Fuente: La Razón
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