.jpg)
En medio del debate sobre las inversiones forzosas propuestas por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha salido al paso para aclarar que esta medida no implica una expropiación del ahorro de los colombianos. Según Bonilla, la propuesta busca impulsar sectores clave como el turismo, la industrialización, y las energías renovables, sin afectar los fondos de los ciudadanos.
Bonilla también respondió a las críticas del expresidente Iván Duque, quien había advertido sobre un posible "corralito" en la banca colombiana similar al de las pensiones, sugiriendo que el Gobierno utilizaría los ahorros de los ciudadanos para financiar sus proyectos sin evaluar adecuadamente los riesgos. El ministro refutó estas afirmaciones, señalando que las inversiones forzosas han sido una práctica establecida desde hace más de 20 años, sin que se haya considerado nunca como expropiación.
El ministro también mencionó que el Grupo Bicentenario, una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda, será fortalecido y declarado como conglomerado financiero a partir del 14 de agosto, convirtiéndose en el cuarto más grande del país. Bonilla subrayó que la idea es crear sinergias entre las bancas de segundo piso para estructurar políticas de crédito más ágiles.
No obstante, las inversiones forzosas han generado controversia. La exministra de Agricultura, Cecilia López, recordó que esta medida ha tenido malos resultados en el sector agropecuario, donde, en 34 años, solo el 18% del crédito ha llegado a pequeños productores. López argumentó que el problema no radica en la falta de recursos, sino en el acceso a proyectos viables y educación financiera, calificando de irresponsable ignorar esta experiencia.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) también ha expresado su preocupación. Jaime Cabal, presidente del gremio, advirtió que esta medida, similar a las implementadas en Argentina y Venezuela con resultados negativos, podría reducir la disponibilidad de fondos para sectores no beneficiados por los créditos baratos, encareciendo así el crédito para empresas y ciudadanos.
En resumen, mientras el Gobierno de Petro defiende las inversiones forzosas como una herramienta para reactivar la economía, voces críticas alertan sobre sus posibles consecuencias negativas, tanto para el sector financiero como para los ahorros de los colombianos.
Fuente: Infobae
.jpg)