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La Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han expresado su desacuerdo con el informe emitido por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, relacionado con las protestas que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Además, han criticado los comentarios de la relatora, Gina Romero, quien señaló que el gobierno no ha implementado sus recomendaciones.
El Gobierno peruano ha manifestado que el contenido del informe no refleja los avances comunicados durante las reuniones y documentos presentados a la relatoría. El Ejecutivo ha cuestionado específicamente las publicaciones de Romero en X (anteriormente Twitter), en las que mencionó que Perú no ha adoptado las recomendaciones del informe posterior a su visita en mayo, incluyendo la solicitud de disculpas públicas por los eventos ocurridos durante las manifestaciones.
Romero afirmó el 30 de julio que Perú debe avanzar en reformas legales y prácticas para alinearse con los estándares internacionales en cuanto a la asamblea pacífica y respetar el derecho legítimo a la protesta.
En respuesta, el Gobierno destacó, en un comunicado conjunto de ambos ministerios, que ha promovido el diálogo mediante la aprobación de directrices y la formación de un equipo de trabajo para diseñar una propuesta de Política Nacional de prevención y gestión de conflictos sociales. También recordaron que la presidenta Dina Boluarte pidió perdón a nombre del Estado el 28 de julio de 2023 a los familiares de todas las víctimas, tanto civiles como militares.
El Gobierno afirmó que el informe de la Relatoría incluye aseveraciones fuera de contexto y alejadas de la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país. El informe del 20 de mayo expresaba preocupación por el presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, resultando en un número desproporcionado de muertos y heridos, especialmente entre comunidades indígenas y rurales.
El documento concluye que las autoridades peruanas deben realizar consultas genuinas con estas comunidades para abordar las causas de las protestas y realizar reformas que restauren la confianza en las instituciones. También recomienda modificar reformas jurídicas recientes que afectan el derecho a la reunión pacífica y de asociación, evitar la estigmatización y criminalización de las protestas sociales, y garantizar el cumplimiento de normas internacionales en investigaciones relacionadas con protestas sociales y comunidades indígenas.
Veo con preocupación que no han sido adoptadas las recomendaciones presentadas al gobierno del #Perú sobre la facilitación de las asambleas pacíficas. Incluyendo la de generar un entorno seguro y sin discriminación para las protestas pacíficas. 1/https://t.co/yymRqdBAV7
— Gina Romero (@Ginitastar) July 30, 2024
Fuente: El Comercio
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