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A menos de una semana de que el Congreso aprobara una pensión vitalicia de S/15.600 mensuales para Alberto Fujimori, la Procuraduría Anticorrupción ha iniciado procedimientos para retener una parte de esta pensión destinada a cubrir una deuda de reparación civil de aproximadamente S/57 millones, según información de El Comercio.
La procuraduría ha confirmado que no puede embargar el total de la pensión vitalicia de Fujimori, sino solo un porcentaje. El monto previsto para el embargo sería alrededor de S/4.500. Este procedimiento se basa en precedentes similares, como el caso de Alejandro Toledo, cuya pensión fue embargada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente en enero de 2020, bajo una resolución judicial firme.
Fuentes parlamentarias informaron que, tras las deducciones, la pensión neta de Fujimori sería cercana a S/5.500 mensuales.
La Ley N°26519, que creó la pensión vitalicia para ex presidentes, estipula que este beneficio se suspende si el beneficiario enfrenta acusaciones constitucionales, a menos que se demuestre su inocencia mediante sentencia judicial. Fujimori enfrenta varias acusaciones constitucionales y cuatro sentencias firmes.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó que Fujimori ya ha recibido el pago correspondiente a julio.
El abogado penalista Andy Carrión explicó que el primer paso de la Procuraduría Anticorrupción es solicitar el expediente administrativo y el certificado del primer pago de la pensión para proceder con el embargo. Carrión criticó al Congreso por haber aprobado la pensión a Fujimori, alegando que esto contraviene la Ley N°26519 y que los impuestos de los ciudadanos se utilizarán para cubrir una deuda por delitos que no cometieron.
Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, sugirió que las acciones legales del Estado deberían ir más allá de la retención parcial de la pensión, apuntando a posibles irregularidades en el proceso de otorgamiento de la pensión.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, indicó que aún no ha comenzado el trámite para pagar parte de la reparación civil y que ha solicitado al Congreso toda la documentación necesaria.
La Procuraduría Anticorrupción está evaluando si hubo actos de corrupción en el proceso administrativo que llevó al otorgamiento de la pensión. Carrión mencionó que podrían surgir denuncias por negociación incompatible si se determina que hubo irregularidades.
Se ha señalado que la decisión de otorgar la pensión vitalicia fue tomada por funcionarios del Congreso vinculados al partido Alianza para el Progreso (APP). Haidy Figueroa Valdez, jefa de Recursos Humanos del Congreso, y José Rubio Preciado, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, están entre los funcionarios implicados.
Fujimori solicitó su pensión el 29 de abril y el 10 de mayo se autorizó el desembolso, aunque no estaba previsto en el presupuesto anual. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha indicado que es probable que su antecesor, Alejandro Soto, haya tenido conocimiento de los informes técnicos relacionados con la pensión.
Durante su tiempo prófugo, Alejandro Toledo recibió en total S/1′326.600 en pensión del Congreso, lo que resalta las implicaciones políticas y administrativas de estas decisiones.
Fuente: Comercio
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