.jpg)
El día clave para el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado, pero con una dosis de incertidumbre mayor a la esperada. Este jueves se llevará a cabo la investidura de Salvador Illa, líder del PSC, una etapa que está resultando costosa para el Ejecutivo y cuya efectividad aún está por determinarse. La investidura de Illa se planteaba como un acto simbólico para enterrar el procés bajo la bandera de los socialistas y calmar las críticas de ERC y Junts en el Congreso, cuyo respaldo es crucial para la estabilidad de la legislatura. Sin embargo, la atención puesta en el posible regreso de Carles Puigdemont desvanece el objetivo principal y Moncloa aún no tiene garantías de que esto facilite la aprobación de los Presupuestos Generales para 2025, sino más bien lo contrario.
El costo de los 20 votos de ERC en el Parlament catalán ha sido más alto de lo que el Gobierno había anticipado. Aunque hace poco se oponían a conceder a Cataluña un concierto fiscal, el preacuerdo—revelado por ERC—incluye esta cuestión sin especificarla claramente. Esta situación no solo ha generado malestar entre sus principales socios en el Congreso, sino también dentro de las federaciones socialistas, que han criticado el tratamiento bilateral del tema catalán y su posible salida del régimen común.
En respuesta a la controversia interna y externa, el Gobierno ha decidido mantener el silencio hasta que Illa sea formalmente investido presidente de la Generalitat. No han detallado cómo se implementaría el concierto catalán ni si esto perjudicaría a otras comunidades autónomas. El riesgo de descontento entre las bases de ERC, ya divididas y que apoyaron el acuerdo por un estrecho margen, ha llevado al Gobierno a actuar con cautela. La investidura de Illa, para el Ejecutivo, representa un cambio en Cataluña al poner fin a las mayorías independentistas y validar las políticas de Pedro Sánchez, especialmente en lo que respecta a la amnistía. Sin embargo, el tema del concierto catalán ha reabierto debates complicados.
Además, la investidura podría verse opacada por el posible regreso de Carles Puigdemont a España tras siete años en fuga. Junts ha amenazado con paralizar el Pleno si Puigdemont es arrestado, lo que podría demorar la investidura sin una nueva fecha clara. Esto debilita la imagen de Illa como nuevo presidente de la Generalitat y la noción de que Cataluña ha superado el procés. Puigdemont, cuyo partido controla la Presidencia del Parlament, tendría el poder de definir el calendario para la investidura de Illa, con un plazo límite hasta el 26 de agosto.
Con la investidura de Illa, el Gobierno también esperaba consolidar su influencia en Cataluña y aprovechar la debilidad del independentismo en el Congreso. Sin embargo, la inestabilidad legislativa persiste, con Junts ejerciendo su poder de veto parlamentario cuando lo considera necesario. La situación se complicó aún más cuando Junts bloqueó la tramitación de los Presupuestos justo después del acuerdo entre el PSC y ERC. Ahora, los posconvergentes han amenazado con retirar su apoyo al Ejecutivo si Puigdemont es detenido a su regreso a Cataluña, poniendo en riesgo el acuerdo con el PSOE. Fuentes de Moncloa expresan su preocupación por la aprobación de leyes cruciales como los Presupuestos Generales del Estado para 2025, admitiendo que es "complicado" avanzar con estas normas, aunque planean presentar la senda de déficit para iniciar la tramitación de las cuentas públicas en el Congreso.
Fuente: 20 Minutos
.jpg)