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En un acto de abierta desobediencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ordenó la promulgación de una ley que otorga impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años ochenta y noventa. Esta decisión se produce en medio del silencio de la presidenta Dina Boluarte, quien no emitió observaciones sobre el proyecto de ley.
La situación fue duramente criticada por la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, quien señaló que este desacato coloca a Perú en una posición similar a la de Venezuela y Nicaragua, países que han ignorado las decisiones de la Corte IDH.
Goebertus recordó que este no es el primer caso en el que Perú desobedece al sistema interamericano, mencionando el indulto otorgado a Alberto Fujimori en diciembre del año pasado, a pesar de la prohibición impuesta por la Corte IDH.
La Corte IDH había dictado medidas provisionales para que el Estado peruano no avanzara con la propuesta legislativa impulsada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, la cual busca prescribir los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, el Congreso aprobó la iniciativa sin mayores objeciones, y Dina Boluarte optó por no intervenir, dejando el camino libre para su promulgación.
"El gobierno de Boluarte no muestra interés en detener este ataque contra el sistema democrático y las instituciones, y, en la práctica, parece dispuesto a respaldarlo", afirmó la representante de HRW.
Goebertus advirtió sobre las graves consecuencias que esta ley podría tener en los procesos judiciales en curso por violaciones de derechos humanos. Además, alertó sobre la posibilidad de que se reabran casos ya cerrados, incluso aquellos que involucran a miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso.
"Esta ley podría usarse para socavar investigaciones en curso y revisar condenas firmes, tanto de agentes del Estado como de miembros de Sendero Luminoso responsables de crímenes de guerra", explicó.
La ley se promulga en un contexto de creciente ataque a las instituciones democráticas en Perú, y Goebertus sugirió que jueces peruanos podrían optar por no acatarla, argumentando su inconstitucionalidad y la violación del derecho internacional.
Fuente: La República
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