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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional comenzará hoy el primer debate sobre un proyecto de ley que modifica la Ley No. 418 del 29 de diciembre de 2023, la cual establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2024. Entre las modificaciones propuestas, se encuentra la posibilidad de que el Ejecutivo realice traslados de partidas de hasta $5 millones sin la previa fiscalización de la Comisión de Presupuesto.
El proyecto, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman, enfrenta resistencia por parte de varios diputados de la comisión. Estos legisladores consideran que permitir traslados de hasta $5 millones sin la debida revisión parlamentaria es excesivo.
La propuesta de Chapman sugiere que, para traslados superiores a $5 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe remitir estas solicitudes a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. En el caso de traslados que oscilen entre $200,000 y $5 millones, el MEF los evaluará y tramitará, enviando informes a la Comisión dentro de los primeros 20 días de cada mes.
Actualmente, la ley exige que todos los traslados de partidas, sin importar el monto, sean aprobados por la Comisión de Presupuesto, un límite establecido a finales de 2023 bajo la presidencia del diputado Benicio Robinson. Esto obligó a todas las entidades a presentar solicitudes de traslado ante la comisión.
La nueva legislación permitiría al Ejecutivo realizar traslados de hasta $10 millones en situaciones de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete.
Manuel Cohen, secretario de la Comisión de Presupuesto, calificó el monto de $5 millones propuesto como demasiado alto, comparado con el límite actual de $1 dólar. Cohen recordó que antes de la ley actual, el MEF podía hacer traslados de hasta $300,000 sin pasar por la Comisión de Presupuesto, pero considera que el nuevo límite es excesivo.
Cohen anticipó que el debate será extenso y democrático, con la participación de diputados interesados, quienes, aunque no votan, podrán expresar sus opiniones. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la eficiencia gubernamental y la fiscalización adecuada. Cohen sugirió que el límite podría fijarse en torno a los $300,000, un monto que solía ser la norma.
Por su parte, el diputado independiente Roberto Zúñiga, miembro de la comisión, coincidió en que $5 millones es una cifra elevada. Zúñiga advirtió que, sin una adecuada fiscalización, podrían pasar desapercibidos traslados de partidas cuestionables, como el solicitado recientemente por la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), que fue rechazado tras un intenso escrutinio.
El proyecto también busca reintegrar los viáticos para transporte, hospedaje y alimentación para servidores públicos con funciones jerárquicas en el exterior. Estos funcionarios deberán presentar informes detallados sobre sus misiones para evaluar la eficiencia en la asignación de recursos del Estado. La Ley 418 había excluido a estos servidores del derecho a recibir viáticos para el año fiscal 2024, según Chapman.
Fuente: La Estrella de Panamá
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