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El régimen de Daniel Ortega ha introducido una nueva reforma al Código Penal de Nicaragua que busca extender la represión a opositores, incluso aquellos que se encuentran fuera del país. Esta reforma, presentada este jueves ante una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, propone cambios a 27 artículos de la Ley No. 641, endureciendo significativamente las penas para quienes se oponen al gobierno.
La enmienda permitiría que las leyes penales nicaragüenses se apliquen a delitos cometidos en el extranjero, incluyendo cargos como amenazas a la integridad nacional, tráfico de migrantes, delitos contra la administración pública y ciberdelitos. Además, introduce la posibilidad de imponer cadena perpetua a quienes sean condenados por lavado de activos, lo que ha generado fuertes críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos.
El proyecto de reforma ha sido remitido a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, pero según declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, se espera que sea aprobado en breve, evidenciando un proceso legislativo apresurado.
Entre las propuestas más controversiales se encuentra la introducción de penas de 10 a 15 años de prisión para quienes promuevan o celebren sanciones internacionales contra el régimen o sus funcionarios. También se propone la inhabilitación para recibir subvenciones y la confiscación de bienes, además de aumentar las penas hasta 30 años para aquellos acusados de financiar actos que el gobierno califique como “traición a la patria”.
El exdiputado opositor Eliseo Núñez ha señalado que esta reforma permite la aplicación de cadena perpetua a opositores y a administradores de ONGs, bajo la acusación de lavado de dinero, y facilita la confiscación de bienes, una medida que, según Núñez, viola la Constitución de Nicaragua.
Otro punto crítico es que la reforma permite el enjuiciamiento en ausencia, afectando directamente a los exiliados que podrían ser condenados sin la posibilidad de defenderse. Yonarqui Martínez, abogada y defensora de derechos humanos, advirtió que esta disposición atenta contra el debido proceso y facilita la confiscación de propiedades sin una sentencia firme, como un mecanismo para silenciar a los disidentes.
Esta reforma llega en un contexto de crisis política y social que se ha profundizado desde las protestas masivas de 2018 y las polémicas elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido en un proceso ampliamente cuestionado, con los principales líderes opositores encarcelados y posteriormente exiliados. Además, este jueves, el régimen canceló la personería jurídica de Save the Children Canadá y otras 168 asociaciones sin fines de lucro, elevando a casi 5,600 las organizaciones disueltas desde 2018.
Fuente: Infobae
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