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El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal local con el objetivo de eliminar la prescripción para delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Con 47 votos a favor, la medida permitirá que las víctimas puedan buscar justicia sin importar el tiempo transcurrido desde el abuso.
La Diputada María Guadalupe Morales Rubio, una de las principales impulsoras de la reforma, subrayó que el abuso sexual deja secuelas irreparables en las víctimas, afectando gravemente su integridad y privacidad. Morales Rubio destacó que la reforma busca asegurar que estas personas sean protegidas y que los perpetradores sean llevados ante la justicia, independientemente del tiempo pasado.
El Congreso aprobó cambios a las fracciones V y VI del artículo 108 y la fracción III del artículo 111 del Código Penal para el Distrito Federal. Estos ajustes tienen como objetivo garantizar que los delitos sexuales contra menores no queden impunes y fortalecer el acceso a la justicia.
Datos de la Secretaría de Salud (SSa), analizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), revelan que en 2023 se atendieron a 9,802 personas de entre 1 y 17 años por violencia sexual en hospitales del país. La mayoría de las víctimas eran mujeres, representando el 92.3% de los casos.
La propuesta, impulsada por Morales Rubio y Javier Ramos Franco de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, también busca evitar futuras agresiones y garantizar la reparación integral de los daños a las víctimas. Ramos Franco enfatizó que la reforma envía un mensaje claro de que los crímenes sexuales contra menores no quedarán sin castigo en la ciudad.
La Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del PRD subrayó la importancia de eliminar la prescripción para asegurar que las víctimas puedan acceder a la justicia sin importar el tiempo transcurrido, y no permitir que los agresores se beneficien del paso del tiempo.
Por otro lado, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal expresó su apoyo a la reforma pero advirtió que la eliminación de la prescripción también debe ser considerada en el contexto de los recursos y la capacidad del Estado para perseguir estos delitos. Gaviño Ambriz sugirió una reflexión sobre los beneficios de estas reformas en el contexto de la capacidad del sistema judicial.
Morales Rubio concluyó destacando que esta propuesta, que comenzó su proceso en 2022, es una respuesta a la necesidad de proteger a las infancias, que deben ser priorizadas en el ámbito de la justicia y protección.
Fuente: SinEmbargo
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