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El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, ha presentado un proyecto de ley que plantea la privatización de las cárceles en Perú mediante concesiones a empresas privadas. La propuesta cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada: José Arriola, Guido Bellido, Heidy Juárez, José Luna y Carlos Zeballos.
La iniciativa sugiere que la privatización se realice bajo un “modelo de concesión, operación y mantenimiento a largo plazo,” utilizando asociaciones público-privadas, conforme al Decreto Legislativo 1342. La propuesta también estipula que una entidad estatal será responsable de supervisar las concesiones, realizando inspecciones periódicas y aplicando sanciones si se incumplen los términos contractuales.
Además, se requerirá que las concesiones incluyan auditorías independientes anuales cuyos resultados serán públicos. Estas auditorías evaluarán la gestión operativa, el uso de recursos, el respeto a los derechos humanos y la efectividad de los programas de rehabilitación.
El proyecto de ley establece que el Ministerio de Justicia (MINJUS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberán reglamentar los aspectos técnicos, operativos y financieros necesarios dentro de los 90 días hábiles posteriores a la promulgación de la ley, en caso de que sea aprobada.
En su exposición de motivos, Burgos resalta que el hacinamiento en los centros penitenciarios ha generado una “crisis humanitaria” que afecta tanto a los reclusos como a la sociedad en general. También señala que la falta de espacio ha contribuido a la propagación de la tuberculosis, que se ha convertido en la principal causa de mortalidad dentro de las cárceles.
El legislador argumenta que la privatización promoverá el bien común en el sector carcelario, mejorando la rehabilitación y resocialización de los reclusos, lo que, a su vez, beneficiará a la comunidad. Cite ejemplos internacionales de países como Chile, Australia, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos, aunque reconoce las críticas sobre la comercialización de las cárceles en EE.UU., donde se han denunciado contratos millonarios y leyes que afectan a la población migrante.
Mientras tanto, una huelga nacional de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha impactado las operaciones en los 68 centros carcelarios del país. Más de 10,000 trabajadores han exigido aumentos salariales, afectando la provisión de alimentos y medicamentos a los internos.
La huelga ha llevado a la restricción del ingreso de suministros a las cárceles, generando preocupaciones entre los familiares de los reclusos. Una madre relató su frustración por no poder ingresar al Penal de Lurigancho durante 15 días, mientras que otros expresaron su preocupación por la falta de medicinas para los internos con enfermedades graves.
El Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario (SINTPE-INPE) lidera la protesta, buscando presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas salariales y mejoren las condiciones dentro de los centros penitenciarios.
Fuente: Infobae
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