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Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Venezuela a cesar la represión y liberar a los detenidos arbitrariamente, en su reciente presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Este informe expone las principales violaciones a los derechos fundamentales ocurridas en el mes transcurrido desde las elecciones presidenciales en el país.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA convocada por doce países, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, denunció el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento contra opositores, además de censura y restricciones a las libertades de expresión y asociación desde el 28 de julio.
Clarke reveló que entre el 28 y el 30 de julio se reportaron actos de violencia contra manifestantes, resultando en al menos 23 muertes. Según información preliminar, "10 de estas muertes son atribuibles a fuerzas estatales, ocho a fuerzas militares, dos a la policía y seis a colectivos que, según afirmaciones, operan con el consentimiento gubernamental."
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, comentó que la sesión del organismo no solo abordó el presunto "fraude" electoral, sino también las "violaciones de derechos humanos". Mora calificó el informe de la CIDH como "muy detallado" y expresó su preocupación por el "espeluznante" abuso, incluyendo la detención de numerosos niños y adolescentes tras las protestas.
Mora subrayó la necesidad de apoyar al pueblo venezolano, insistiendo en el reconocimiento de la voluntad expresada en las elecciones del 28 de julio.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desestimó las alegaciones sobre las muertes durante las protestas, atribuyéndolas a grupos opositores y no a cuerpos de seguridad.
Clarke también mencionó la Operación “Tun-Tun”, una estrategia descrita por altos funcionarios del gobierno que, según informes de familiares, implica la “visita” de fuerzas de seguridad a domicilios de opositores y defensores de derechos humanos para su detención, con o sin orden judicial.
La CIDH reportó un aumento en la represión contra periodistas, detenciones arbitrarias y acusaciones de incitación al odio y terrorismo. Además, se ha registrado la cancelación de pasaportes a defensores, comunicadores y sus familiares, así como el cierre de medios, confiscación de equipos y bloqueos digitales.
La oposición rechaza la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que validó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador. La falta de divulgación de resultados desglosados por parte del CNE ha llevado a la oposición a presentar actas que, según ellos, demuestran la victoria de Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
Embajadores de países como Canadá, Paraguay, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Argentina y Uruguay advirtieron sobre el deterioro de la institucionalidad democrática en Venezuela y pidieron a la comunidad internacional que no ignore estas denuncias.
Washington Abdala, embajador uruguayo ante la OEA, criticó el uso del Zippenhaft en Venezuela, comparándolo con métodos de persecución nazi. Abdala exigió "respeto" y "solidaridad" con el pueblo venezolano, llamando a una firme postura contra el régimen de Maduro y a una rápida publicación de las actas electorales para garantizar una verificación imparcial de los resultados.
Hace poco más de dos semanas, la OEA aprobó una resolución que demandaba al organismo electoral venezolano publicar las actas desglosadas y respetar la soberanía popular a través de una verificación imparcial para asegurar la transparencia y legitimidad de las elecciones.
Venezuela se retiró de la OEA en abril de 2019, después de denunciar en 2017 la Carta de la OEA, el documento fundacional del organismo.
Fuente: Voz de América
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