.jpg)
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó de manera definitiva el expediente 23.800, una iniciativa impulsada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias. Este proyecto establece restricciones para la concesión de la nacionalidad costarricense a extranjeros que hayan sido condenados con sentencia firme.
El proyecto recibió el apoyo unánime de los 39 diputados presentes en la sesión de este jueves. Aunque inicialmente se propuso revocar la nacionalidad costarricense a los extranjeros naturalizados para facilitar su extradición, el texto final adoptado introduce modificaciones significativas.
La nueva legislación estipula que no se otorgará la nacionalidad costarricense a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con penas de prisión superiores a tres años en los últimos diez años, ya sea en Costa Rica o en el extranjero, siempre que tales delitos sean reconocidos como tales por la legislación costarricense.
En el caso de que el solicitante tenga procesos judiciales pendientes, tanto en el país como en el extranjero, se tomarán medidas administrativas para suspender la solicitud hasta que se emita una sentencia firme.
Los legisladores celebraron la aprobación del proyecto, señalando que complementa la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que permite la extradición de costarricenses involucrados en narcotráfico o terrorismo. Esta reforma fue aprobada en primer debate el lunes y ahora está en consulta en la Sala Constitucional.
El presidente del Congreso expresó su satisfacción con la aprobación del proyecto, que presentó junto al diputado del PLN, Danny Vargas. Arias calificó la medida como "trascendental" en la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica, y subrayó que la aprobación del proyecto envía un mensaje claro a aquellos que buscan utilizar Costa Rica como refugio para actividades delictivas.
El diputado Vargas también destacó el impacto positivo de la iniciativa, afirmando que ayudará a evitar que líderes del narcotráfico utilicen el país para obtener nacionalidad.
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas en materia de seguridad desarrolladas en colaboración con autoridades de los tres poderes del Estado. Tras su aprobación en el segundo debate, el proyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su firma.
Fuente: El Observador
.jpg)