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El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ha dado un paso significativo al aceptar la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, miembro del Cpccs, contra Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, por presunta infracción electoral. La decisión implica que se celebrará una audiencia oral única el 15 de agosto en Quito, donde se presentarán pruebas y alegatos relacionados con el caso.
La denuncia se centra en supuestas irregularidades durante las elecciones locales de febrero del año pasado, cuando Abad se postuló como candidata a alcaldesa de Cuenca, una ciudad en la región andina del sur de Ecuador. Guarderas, tras ver archivada una primera demanda por el juez Fernando Muñoz a mediados de junio, decidió reactivar el proceso legal con nuevas evidencias.
El caso ha generado controversia adicional debido a un incidente relacionado con el abogado Ronald Morocho, quien inicialmente fue mencionado en un documento vinculado al caso pero luego negó haberlo firmado por completo. Esto llevó al magistrado a transferir parte del expediente a la Fiscalía General del Estado para una investigación adicional.
Verónica Abad ha rechazado las acusaciones, calificando las afirmaciones de Guarderas como ridículas y sugiriendo que están motivadas políticamente por su conflicto con el presidente Daniel Noboa. Según Abad, existe un intento de desacreditarla para evitar su posible papel en las elecciones generales de 2025, en caso de que Noboa busque la reelección.
Recientemente, Noboa hizo comentarios en una entrevista radial insinuando que Abad podría renunciar por iniciativa propia, alimentando aún más las especulaciones sobre su futuro político. Desde diciembre pasado, Abad ha servido como embajadora en Israel, un movimiento que refleja el distanciamiento creciente entre ella y el presidente.
Este no es el único frente legal que enfrenta Abad. En junio, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó levantar su inmunidad para permitir una investigación por presunto delito de concusión, parte de un caso de corrupción que Abad ha denunciado como una táctica de presión política en su contra. La situación se complica aún más con la implicación de su hijo, Sebastián Barreiro, en un caso relacionado con tráfico de influencias dentro de la Vicepresidencia.
La Fiscalía ha vinculado a Abad al caso en el que está involucrado su hijo, aunque ambos niegan las acusaciones. La decisión final sobre su situación legal ahora depende de la Asamblea Nacional, dado que la vicepresidenta goza del fuero de la Corte Nacional de Justicia, el tribunal supremo de justicia del país.
Fuente: SWI
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