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En las recientes elecciones de 2024, los partidos que componen la Cuarta Transformación obtuvieron una mayoría significativa en todo México, lo que les podría otorgar el control del Congreso de la Unión. Esto podría facilitar la aprobación de reformas clave propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de concluir su mandato.
Una de estas reformas destacadas es la del Poder Judicial, respaldada también por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Para asegurar un debate amplio, se han organizado Diálogos Nacionales para incorporar diversas opiniones al proceso.
Sin embargo, la propuesta ha generado intensos debates. Algunos analistas sugieren que podría ser una represalia personal del presidente, quien ha sido crítico con el Poder Judicial, especialmente desde la presidencia de Norma Piña Hernández como ministra presidenta, contrastando con la era de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La idea de reformar el Poder Judicial no es nueva; AMLO la planteó desde su campaña presidencial, pero cobró forma legislativa en 2021 con una propuesta conocida como la "Ley Zaldívar", que buscaba extender mandatos clave en respuesta a retrasos causados por la pandemia.
Sin embargo, la iniciativa no prosperó, y Zaldívar dejó su cargo en 2023, lo que marcó un distanciamiento entre el Ejecutivo y el Judicial. Desde entonces, la relación se ha tensado aún más, exacerbada por desacuerdos sobre reformas institucionales y decisiones judiciales cruciales, como el fallo sobre la Guardia Nacional.
Este ambiente tenso se reflejó recientemente en solicitudes de reconsideración sobre el liderazgo de Piña Hernández en el Poder Judicial, lo que provocó controversia y desmentidos públicos, mientras la Corte Suprema confirmaba su continua gestión.
El conflicto subraya tensiones persistentes entre poderes clave en México y plantea desafíos significativos para la estabilidad institucional en el país.
Fuente: Infobae
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