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El Ejecutivo avanza en la adquisición de aviones y radares, pero la propuesta de ley para el derribo de aeronaves enfrenta resistencia debido a su conflicto con la Constitución. Aunque diputados y senadores parecen dispuestos a aprobar la ley, se muestran reacios a apoyar una enmienda constitucional que podría abrir la puerta a modificaciones adicionales en la Carta Magna.
El proyecto de ley, que permitiría a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico que desobedezcan las órdenes de aterrizaje, ha sido objeto de debate en el Congreso desde 2022. Sin embargo, la falta de financiamiento para las fuerzas militares, así como la posible violación de varios artículos constitucionales, ha impedido su avance. El Gobierno, que planea adquirir equipos de Brasil y Argentina, busca establecer un marco legal para el uso de estos recursos.
Durante la presidencia de Mario Abdo Benítez, se consideró que el derribo de aeronaves violaría el artículo 4 del derecho a la vida y el artículo 16 sobre el derecho a la defensa. No obstante, el Partido Colorado está dispuesto a considerar una enmienda constitucional si es necesario para avanzar con la ley, aunque la oposición teme que esto permita la inclusión de cambios adicionales en la Constitución.
Rafael Filizzola, senador del Partido Democrático Progresista (PDP), sostiene que no es necesaria una enmienda, argumentando que una ley específica podría abordar el problema sin alterar la Constitución. Su colega, Salyn Buzarquis del Partido Liberal, coincide en la necesidad de una ley, pero enfatiza la importancia de revisar minuciosamente su redacción para evitar conflictos constitucionales.
José Oviedo, de Cruzada Nacional, señala que el debate debe enfocarse en encontrar la mejor alternativa para enfrentar el narcotráfico, que mueve millones de dólares a diario. Oviedo destaca la importancia de analizar detalladamente el procedimiento a seguir después de la interceptación de vuelos ilegales.
Los diputados Rubén Rubín (independiente) y Raúl Benítez (Encuentro Nacional) expresan preocupación por el riesgo de que una enmienda constitucional permita la inclusión de temas controvertidos como la reelección presidencial. Rubín sugiere explorar alternativas a la enmienda, mientras que Benítez sospecha que el cartismo busca aprovechar la situación para realizar cambios constitucionales más amplios.
A medida que el debate continúa en el Congreso, el Ejecutivo avanza en la aprobación de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la compra de seis aviones Súper Tucano por 100 millones de dólares. Este financiamiento será revisado por el Congreso, con fondos provenientes de Itaipú Binacional.
Fuente: La Política Online
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