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El clima político en el Congreso se torna cada vez más tenso ante el creciente rechazo opositor al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/24, que ha asignado a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) un presupuesto de $100 mil millones para gastos reservados. Esta cifra representa un incremento superior al 700% desde el inicio de la presidencia de Javier Milei.
La Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal han tomado la delantera con proyectos destinados a derogar el decreto. Aunque Unión por la Patria aún no ha presentado iniciativas formales, en consonancia con el bloque de Miguel Pichetto, está ejerciendo presión para que se reabra el debate en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual, bajo la presidencia del senador oficialista Juan Carlos Pagotto, permanece paralizada desde finales de abril.
“Haremos todo lo posible por avanzar en la bicameral”, confirmaron desde Hacemos. A pesar de que consideran “difícil” reunir la mayoría en la comisión, están más optimistas en obtener los votos necesarios en las cámaras legislativas. Para la revocación de un DNU, se requiere el rechazo de ambas cámaras del Congreso.
En la Comisión Bicameral, conformada por 16 miembros, se encuentran tres representantes de La Libertad Avanza, dos del PRO, dos de la UCR, seis de Unión por la Patria, y uno de Hacemos, MID y Unidad Federal. Mientras solo el kirchnerismo y Hacemos, con el diputado Nicolás Massot en la comisión, han manifestado su oposición al DNU, Massot ha respaldado un proyecto liderado por Margarita Stolbizer, una crítica destacada del Gobierno dentro de Hacemos. Este proyecto busca declarar la nulidad del controvertido decreto, advirtiendo sobre el riesgo de que los fondos sean utilizados sin supervisión adecuada.
Stolbizer calificó la medida de “inmoral”, argumentando que mientras jubilados y trabajadores continúan sufriendo recortes, otros se benefician de manera indebida con los recursos del Estado, y demandó una respuesta social para detener lo que considera una “locura”.
Por su parte, Unión por la Patria no ha presentado una propuesta formal para anular el decreto, pero el jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, ha pedido la anulación tanto del DNU de fondos reservados como del DNU 614/24, que reestructuró el organigrama de inteligencia al disolver la AFI y restablecer la SIDE.
Con la nueva estructura, la SIDE supervisa ahora cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. El decreto argumenta que esta reorganización busca “mejorar la funcionalidad” de la secretaría, que ha visto un aumento significativo en el poder de su principal asesor presidencial, Santiago Caputo.
Martínez ha subrayado que su bloque trabajará para rechazar ambos DNU y ha comparado la asignación actual de fondos reservados, que representa el 75% del presupuesto de la SIDE, con el 4% en la administración anterior. También criticó al Gobierno por usar decretos en lugar de enviar propuestas legislativas al Congreso, señalando que los temas relacionados con la inteligencia nacional deben ser debatidos y supervisados por el parlamento.
En una postura alineada con Stolbizer, el proyecto de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, busca declarar el DNU “nulo de nulidad absoluta e insanable”. Ferraro argumentó que el aumento del 3.131% en los gastos reservados abre la puerta a operaciones de inteligencia y corrupción similares a las más oscuras de la historia reciente.
La presión opositora también se manifiesta en una carta del senador radical Pablo Blanco al presidente de la Comisión Bicameral de DNU, Juan Carlos Pagotto, exigiendo un tratamiento urgente del decreto. Blanco cuestionó la asignación sin aprobación previa del Congreso, sugiriendo que la intención del Gobierno es acceder a una cantidad inaceptable de dinero sin control.
Desde la UCR, Francisco Monti ha indicado que se pedirá el tratamiento de todos los DNU pendientes, no solo los relacionados con inteligencia, y aclaró que el bloque aún no tiene una postura definida. La vicejefa de la bancada, Karina Banfi, ha criticado la falta de reformas para la rendición de cuentas, enfatizando que los fondos de inteligencia deben ser gestionados con transparencia.
La controversia se agrava por la falta de constitución de la comisión bicameral encargada de controlar los gastos reservados de la inteligencia. Aunque ya se han designado los miembros, persiste una disputa sobre la presidencia entre La Libertad Avanza, que propone al senador Edgardo Kueider, y el PRO, que postula al senador Martín Goerling.
Fuente: La Voz del Interior
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