El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hizo un llamado urgente este jueves a la presidenta Dina Boluarte para que cierre inmediatamente las fronteras del país debido al aumento alarmante de la delincuencia. Durante una ceremonia de entrega de 600 motocicletas para el Serenazgo de Lima, López Aliaga subrayó que ha abordado varias veces el tema con la presidenta sin recibir una respuesta concreta. “Si la principal preocupación es la seguridad, debemos concentrar todos nuestros recursos allí”, destacó.
El alcalde sugirió que parte de los fondos destinados a Petroperú podrían ser redirigidos para adquirir más vehículos y cámaras de vigilancia, y también para establecer un programa de recompensas que incentive a los ciudadanos a colaborar con la Policía Nacional del Perú (PNP). “Este dinero podría ser utilizado para comprar motos y cámaras no solo para Lima, sino para todo el Perú. También podríamos implementar un programa de recompensas para colaborar con la PNP y localizar las guaridas de los delincuentes”, afirmó.
Además, López Aliaga propuso que se proceda con la deportación inmediata de delincuentes extranjeros capturados en flagrancia. “Podemos enviar a estos delincuentes en bus desde Lima o cualquier ciudad directamente a su país de origen esa misma noche. No es tan difícil si hay voluntad política. También es necesario cerrar las fronteras de inmediato para evitar la entrada de personas no deseadas en Perú”, concluyó.
En julio de 2023, Boluarte había anunciado la incorporación de la expulsión de extranjeros detenidos en flagrancia al Código Penal para frenar la criminalidad. También propuso reformas al artículo 30° del Código Penal para aplicar la expulsión a extranjeros con penas suspendidas o condicionales y sancionar a quienes faciliten el tránsito irregular.
Para respaldar estas medidas, la presidenta presentó al Parlamento un proyecto de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 120 días. Boluarte destacó que su Gobierno ha facilitado la regularización de extranjeros mediante permisos temporales y una amnistía de multas. “No vamos a tolerar que delincuentes extranjeros cometan sus fechorías ni amenacen a nuestros policías”, dijo en referencia a las acciones de la PNP contra bandas criminales con miembros extranjeros.
A pesar de las afirmaciones de Boluarte, datos oficiales citados por la agencia EFE muestran que los migrantes no son los principales responsables de la criminalidad en Perú. La mayoría de los internos en las cárceles del país son peruanos (96 %), mientras que solo el 4 % son extranjeros, incluyendo a 2.464 venezolanos, lo que representa el 2,7 % del total de prisioneros.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Perú viven más de 1.500.000 venezolanos, de los cuales solo el 0,16 % está encarcelado. Por cada 100.000 peruanos, 261 están en centros penitenciarios, mientras que entre los venezolanos la cifra es de 164 por cada 100.000.
López Aliaga, quien enfrenta una desaprobación ciudadana del 69 %, está en medio de un proceso de revocatoria iniciado por el economista Ciro Silva. Para proceder con la revocatoria, deben recolectarse al menos 1.9 millones de firmas antes del 12 de octubre. Según Ipsos, el 57 % de los ciudadanos votaría a favor de su destitución.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocará la consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales el 10 de marzo del próximo año para aquellos que cumplieron los requisitos legales. El 11 de marzo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) enviará al JNE el padrón electoral preliminar, y el JNE aprobará el padrón definitivo el 21 de marzo. El 30 de marzo, la ONPE realizará el sorteo de los miembros de mesa encargados de la consulta, que se llevará a cabo el 8 de junio de 2025 en las localidades que hayan aprobado la solicitud de revocatoria.
Fuente: Infobae