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Esta semana se iniciará la discusión en comisiones del proyecto de ley impulsado por el gobierno, con la firma del presidente Javier Milei y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, para modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad.
La propuesta se centra en la creciente inseguridad, el aumento de delitos cometidos por adolescentes y el derecho de las víctimas a justicia. El proyecto sugiere que los adolescentes de 13 años puedan ser perseguidos penalmente. De ser aprobado, Argentina se alinearía con la media regional, ya que en Chile, Colombia y Perú la edad es de 14 años, en Nicaragua y Uruguay es de 13 años, y en Brasil y México es de 12 años. Trinidad y Tobago, en contraste, permite la imputabilidad desde los siete años.
La iniciativa se basa en datos de la Corte Suprema de Justicia, que muestran un incremento en las intervenciones judiciales para adolescentes menores de 16 años, principalmente por delitos contra la propiedad.
Actualmente, los menores de 18 años no pueden ser detenidos. A partir de los 16 años, pueden ser considerados responsables penalmente. Bajo esa edad, los menores son entregados a sus familias o quedan bajo la protección del Estado a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
El proyecto plantea que desde los 13 años, los adolescentes puedan ser detenidos, imputados, defendidos y condenados bajo un régimen especial, distinto al de los adultos.
Para conocer las posturas de los 18 diputados de Córdoba, PERFIL CÓRDOBA les envió preguntas sobre su acuerdo con la edad de 13 años propuesta, las razones de su posición, y si creen que existen los recursos necesarios para tratar penalmente a los adolescentes.
El Régimen Penal Juvenil actual data de 1978, y ha sido cuestionado por no reflejar los cambios sociales y mundiales ocurridos en 46 años.
Las discrepancias se centran en la edad propuesta y los objetivos de la reforma. Además, se coincide en que en Córdoba no existen suficientes recursos ni infraestructura para implementar la reforma.
De los 18 diputados nacionales, solo siete respondieron la encuesta: Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Soledad Carrizo (UCR), Luis Picat (UCR), Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal), y Laura Rodríguez Machado (PRO). Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) indicaron que aún están analizando el tema. Ningún legislador de La Libertad Avanza ni de Unión por la Patria respondió.
La diputada radical Brouwer de Koning considera que la discusión no debe centrarse únicamente en la reducción de la edad de imputabilidad. Propone un régimen integral que enfoque en la prevención y el desarrollo socioeducativo de los adolescentes en conflicto con la ley. Argumenta que la delincuencia juvenil no es el principal factor en la inseguridad general y destaca la necesidad de herramientas efectivas para evitar que los jóvenes terminen en peores condiciones.
En cuanto a la edad, Brouwer de Koning menciona que Unicef recomienda los 14 años para la imputabilidad y sugiere una "cláusula abierta de imputabilidad" como la planteada en un proyecto anterior del radicalismo.
Por otro lado, la diputada del PRO defiende la reducción de la edad a 13 años, pero advierte que centrarse solo en esto es insuficiente. Destaca que el proyecto incluye 52 artículos y pretende integrar a los jóvenes en un régimen que cumpla con normativas internacionales y facilite su reinserción.
Soledad Carrizo, diputada radical, enfatiza que la discusión no debe limitarse a la edad, sino que debe abordar el contexto de narcocriminalidad, pobreza infantil y deserción escolar. También señala la necesidad de revisar todas las estructuras posibles para el cumplimiento de penas, no solo las cárceles.
Un diputado del PRO en el bloque Hacemos Coalición Federal expresa su acuerdo con una discusión seria sobre la edad de imputabilidad, pero plantea dudas sobre la urgencia del tema como estrategia de agenda política y la falta de un presupuesto claro para financiar estas medidas.
Finalmente, se destaca que hay ocho proyectos sobre el tema, dos del bloque UCR, que abogan por fijar la edad de imputabilidad en 14 años. Se reconoce el aumento de delitos entre jóvenes menores de 16 años y la necesidad de reformar el sistema actual para evitar que los menores reincidan en el delito.
El proyecto propone que el régimen penal se aplique a adolescentes desde los 13 años, con principios como el debido proceso legal y el derecho a la defensa. La detención no será en espacios compartidos con adultos. Las penas para delitos con una pena mínima de tres años podrán incluir medidas alternativas al encierro, y no se aplicarán penas de prisión perpetua. La ejecución de las penas incluirá un tratamiento educativo y curativo para evitar la reincidencia, con actividades educativas, culturales y de capacitación en los centros de detención.
Fuente: Perfil
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