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El 27 de octubre próximo, Chile celebrará sus primeras elecciones municipales con voto obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Este sistema, previamente utilizado solo en los procesos constitucionales de 2022 y 2023, se aplicará ahora a la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. La implementación de este sistema ha generado un intenso debate y ha llevado a la formulación de una nueva ley para regularlo, abordando temas como la multa por no votar y la participación de extranjeros residentes en Chile. La obligatoriedad y las sanciones para los migrantes regularizados han sido puntos álgidos de discusión.
El gobierno del presidente Gabriel Boric presentó un veto para definir las sanciones que enfrentarán los inscritos que no voten, un tema que divide a los legisladores oficialistas y de la oposición. La propuesta incluye disposiciones sobre los migrantes, cuya influencia electoral aún es incierta, a pesar de las especulaciones de distintos sectores políticos.
En los plebiscitos de 2022 y 2023 y la elección de consejeros constitucionales de mayo de 2023, el voto fue obligatorio para todos los inscritos en el Registro Electoral, donde la inscripción es automática. Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, quedan inscritos automáticamente todos los chilenos y extranjeros mayores de 18 años que cumplan con los requisitos para votar, incluidos aquellos con más de cinco años de residencia en Chile y sin condenas a penas aflictivas.
El Ejecutivo busca corregir aspectos de una ley despachada desde el Congreso que fija las reglas de las elecciones municipales, incluyendo la realización en dos días. El punto clave es la reposición de la multa, resistida por algunos representantes de la izquierda que defienden el voto voluntario. También se aborda la situación de los extranjeros con más de cinco años de residencia regularizada, quienes tienen derecho a votar.
El 24 de julio, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció la presentación del veto, una herramienta constitucional que permite al presidente modificar leyes aprobadas por el Congreso. El veto introduce cambios como la realización de las elecciones en dos días (26 y 27 de octubre), la multa por no votar, el feriado irrenunciable en la jornada electoral y el uso de propaganda política en redes sociales.
La discusión se centró en la severidad de las sanciones por no votar. La propuesta del presidente Boric establece una multa única de 33.000 pesos (34 dólares) por no votar, mientras que en elecciones anteriores la multa variaba entre 33.000 y 200.000 pesos (211 dólares). Inicialmente, el veto excluía del castigo a mayores de 70 años y mujeres embarazadas, pero esta exclusión fue eliminada en revisiones posteriores.
La Constitución chilena permite votar a los extranjeros con más de cinco años de residencia. La ley de Migración y Extranjería añade que el periodo de residencia cuenta desde la obtención del permiso de residencia temporal. En el veto del Gobierno, la sanción por no votar aplica tanto a chilenos como a migrantes inscritos en el padrón electoral, cambiando la postura inicial de que el voto obligatorio solo aplicaba a ciudadanos.
El impacto electoral de los migrantes en Chile aún es incierto. El aumento migratorio, principalmente de venezolanos y haitianos, aún no permite una caracterización precisa. En 2023, de los 15.406.352 inscritos en el padrón, 676.028 eran extranjeros con derecho a voto.
El veto ha provocado críticas de la oposición, que lo ve como una estrategia electoral del Gobierno para favorecer al oficialismo. El diputado Diego Schalper ha afirmado que la izquierda teme que los migrantes voten por la oposición. El oficialismo, a través de un proyecto de ley presentado por diputados socialistas, busca limitar la participación de extranjeros a las elecciones locales.
Este debate refleja la confusión y la falta de estudios precisos sobre la orientación ideológica del voto extranjero en Chile.
Fuente: El País
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