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El alcalde de Toledo, Jhony Alberto Marín, ha presentado una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, debido a la falta de avances en la investigación de su caso en Colombia y la reducción de su esquema de seguridad.
Marín decidió buscar una solución a más de 3,600 kilómetros de distancia debido al temor por su vida y a la reducción de su protección desde el 1 de julio. Su objetivo es que la CIDH, un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ordene al Estado colombiano que tome medidas cautelares para garantizar su seguridad y avance en la investigación de las amenazas y atentados que ha sufrido.
Jhony Marín fue alcalde de Toledo entre 2016 y 2019 bajo el Partido Conservador. Desde ese periodo, ha enfrentado múltiples amenazas. El 30 de octubre de 2022, fue baleado mientras transitaba por su municipio, resultando herido de gravedad. A pesar de la captura del autor material, las investigaciones no han avanzado para identificar al autor intelectual del ataque.
Marín, quien se recuperó de dos heridas en el pecho que comprometieron un pulmón, vive con temor constante y depende de guardaespaldas. En 2023, ganó un nuevo periodo como alcalde. Sin embargo, denunció a finales de mayo pasado que hay quienes ofrecen 200 millones de pesos por su vida, lo que llevó a un refuerzo temporal de su seguridad. Sin embargo, el 5 de julio su esquema fue nuevamente reducido, sustituyendo su vehículo blindado por uno convencional y reasignando a uno de sus escoltas.
Toledo, un municipio de sexta categoría, no cuenta con presupuesto para alquilar vehículos de seguridad especiales, lo que ha obligado a Marín a despachar desde Medellín durante las últimas dos semanas para proteger su integridad y la de su familia.
Ante la falta de soluciones a nivel nacional y la falta de avances en las investigaciones, Marín solicitó un permiso especial para salir del país y presentar su situación a nivel internacional. Su abogado, Óscar Santamaría, explicó que esperan una respuesta sobre las medidas cautelares en un mes y medio, aunque el proceso puede demorarse debido a la alta demanda de solicitudes de países como Venezuela y Cuba.
Marín ha reiterado que, aunque en Toledo operan grupos armados ilegales como disidencias de la guerrilla y el Clan del Golfo, las amenazas contra su vida provienen de actores de la política local. Desde Washington, expresó a EL COLOMBIANO que, a casi dos años del ataque que casi le cuesta la vida, no ha recibido ninguna respuesta de la Fiscalía, a pesar de haber aportado pruebas importantes para la investigación.
“Acudimos a instancias internacionales porque en Colombia no tenemos las garantías para que estos casos se resuelvan rápidamente y podamos gobernar con seguridad. En Toledo y Medellín, siempre estoy pensando en el momento en que me dispararán”, afirmó Marín.
Es relevante recordar que en septiembre de 2019, el candidato a la alcaldía de Toledo, Orley García, fue asesinado, presuntamente por motivos políticos. Su esposa, Astrid Echavarría, tomó las riendas de su campaña y fue elegida para el periodo 2020-2023.
Fuente: El Colombiano
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