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La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha sugerido al Ministerio de Hacienda adoptar un nuevo modelo de financiamiento inspirado en el esquema utilizado para la educación pública, que establece constitucionalmente la asignación de al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Luis Diego Villalobos Calderón, gerente financiero a.i. de la CCSS, explicó en una consulta a La Nación que esta es una propuesta preliminar. Aclaró que la propuesta podría incorporar otras variables e indicadores a medida que se define con mayor precisión.
Villalobos destacó que la implementación de este nuevo modelo ofrecería múltiples beneficios para la CCSS, incluyendo una mayor simplicidad en la determinación de las obligaciones financieras, una eficiencia administrativa incrementada al reducir la necesidad de validación de datos, y una mejora en el panorama fiscal al proporcionar una mayor certeza sobre los montos a presupuestar y transferir. Además, se espera que la propuesta estabilice la financiación estatal, proporcionando mayor estabilidad financiera a la institución.
La presidencia ejecutiva de la CCSS, encabezada por Marta Esquivel, indicó que esta iniciativa podría contribuir a resolver el proceso de conciliación de la deuda del Estado con el Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Ólger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, estimó que la deuda del Estado con la entidad supera los ¢3,7 billones (millones de millones) hasta febrero de 2024, con el 82% correspondiente al Seguro de Salud y el 18% restante al IVM.
El Ministerio de Hacienda confirmó que la propuesta fue presentada por funcionarios de la CCSS en una reunión celebrada el 4 de junio, que contó con la participación de líderes y equipos técnicos de ambas instituciones.
“Actualmente, el proyecto está en fase de desarrollo conjunto entre ambas entidades, y aún no se ha establecido un plazo para tomar una decisión final”, indicó el despacho del ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
La CCSS financia sus servicios médicos y el pago de pensiones principalmente a través de las contribuciones de empleadores, trabajadores y el Estado.
A pesar de los intentos de solicitar una entrevista con la CCSS para profundizar en el nuevo modelo, se indicó que el tema sigue en fase de construcción, y no se pueden proporcionar detalles adicionales hasta recibir la retroalimentación de los otros actores involucrados.
El mandato del 8% del PIB para educación fue aprobado en 2011 mediante una reforma al artículo 78 de la Constitución durante la presidencia de Laura Chinchilla, con el objetivo de implementarlo a partir de 2014. Sin embargo, esta meta ha enfrentado desafíos y retrocesos significativos desde 2020.
Actualmente, las autoridades de la CCSS y Hacienda están inmersas en la revisión de los datos relacionados con las deudas del Estado por servicios médicos y pensiones. Este proceso ha sido criticado por diputados y la Contraloría General de la República (CGR) debido a la falta de avances.
Los legisladores han expresado su frustración por la falta de acuerdo entre los funcionarios de la CCSS y Hacienda tras dos años de negociaciones sobre los saldos y el plan de pagos correspondiente para resolver la creciente deuda.
La Contraloría General de la República ha abierto una auditoría sobre el proceso de cobro de las obligaciones estatales con los Seguros de Salud y Pensiones, debido a la falta de evidencia sobre la formalización o implementación de un plan de verificación de pagos.
Hasta la fecha, durante la administración del presidente Rodrigo Chaves, solo se ha concretado un convenio de pago parcial en diciembre de 2023 por ¢51.738 millones.
Fuente: Nación
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