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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos están siendo investigados por la Fiscalía de Ecuador bajo sospecha de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Los hermanos Álvarez son propietarios de Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa, empresas dedicadas a la venta de combustibles. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la administración del presidente Daniel Noboa, y ha dado lugar a los primeros allanamientos relacionados con el caso.
Álvarez asumió la alcaldía de Guayaquil en febrero de 2023 con el apoyo de la Revolución Ciudadana, el movimiento fundado por el expresidente Rafael Correa, quien fue condenado por corrupción. Desde su asunción, la relación entre Álvarez y Noboa ha sido tensa, especialmente después de un desacuerdo sobre la gestión de una garantía soberana para una zona de la ciudad. Recientemente, Álvarez también anunció que no invitaría a miembros del gobierno central a las celebraciones de Guayaquil, lo que llevó a Noboa a organizar su propia ceremonia separada.
El gobierno nacional ha señalado discrepancias entre los volúmenes de combustible que Petroecuador suministró a las empresas de los hermanos Álvarez y los volúmenes facturados en las estaciones de servicio. La denuncia incluye pruebas obtenidas en operativos recientes, como grabaciones y testimonios, que apuntan a una red de comercio irregular de combustibles.
El 23 de julio, las oficinas de las empresas familiares del alcalde fueron allanadas. Durante estos operativos, se confiscaron computadoras, documentos, facturas y otros dispositivos electrónicos.
En respuesta, el alcalde Álvarez se mostró dispuesto a colaborar con la Fiscalía y afirmó que habría entregado la información requerida sin necesidad de allanamiento. "Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, confiando en que actuarán con técnica y justicia. No tenemos nada que ocultar ni temer", publicó en X.
El logotipo utilizado por la Fiscalía para el caso, denominado Triple A, ha generado controversia. El diseño muestra tres “A” en referencia a Aquiles y su hermano Antonio, con elementos que incluyen franjas de los colores de la bandera de Guayaquil y una llama roja similar a la del logo de la Revolución Ciudadana. Críticas en redes sociales han apuntado a que el diseño parece prejuzgar a los investigados y a que refleja sesgos políticos. La Fiscalía aún no ha respondido a estas críticas.
El Código Penal de Ecuador establece sanciones para el delito de distribución ilegal de hidrocarburos que van de dos meses a tres años de prisión. Además, si una persona jurídica, como una empresa, está involucrada, esta podría ser clausurada temporalmente y sus socios o accionistas también enfrentarían consecuencias.
Fuente: Infobae
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