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El presidente Rodrigo Chaves está enfrentando una fuerte oposición a su proyecto de llevar a referéndum una propuesta que busca debilitar las potestades de la Contraloría General de la República (CGR) en el control de la contratación pública. La propuesta se topa con una jurisprudencia establecida en el voto 998 del año 1998 por la Sala IV, la cual establece que es inconstitucional disminuir las atribuciones de la CGR mediante una ley.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, reconoció la existencia de esta jurisprudencia, pero argumentó que vale la pena intentarlo nuevamente. Sin embargo, las críticas persisten, ya que la propuesta de Chaves impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación pública antes de su ejecución, limitándola a actuar solo de forma posterior. Además, le quitaría la potestad de detener actos o contratos cuando detecte irregularidades.
Díaz destacó que si bien existen votos de la Sala IV que restringen las competencias de la Contraloría en temas de contratación, la jurisprudencia puede cambiar y es necesario explorar todas las opciones para mejorar el sistema.
La sentencia de 1998 subraya la importancia del control de la Contraloría en la correcta utilización de los fondos públicos, como garantía del interés público, establecida tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Contraloría. El proyecto de Chaves, además, enfrenta críticas por una posible vulneración del principio de concurso público al proponer contrataciones directas al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el desarrollo de Ciudad Gobierno sobre terrenos públicos.
Fuente: La Nación
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