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México
Según la SRE, esta legislación busca criminalizar el flujo migratorio, lo que podría resultar en la separación de familias y en prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial que violan los derechos humanos de la comunidad migrante.
El gobierno mexicano ha rechazado enérgicamente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales realizar tareas de control migratorio y deportar a personas, tanto nacionales como extranjeras, hacia México.
Además, México ha expresado su preocupación por las disposiciones legales que afectan a los derechos humanos de los más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando un clima hostil propicio para expresiones de odio y discriminación racial.
El país reitera su derecho legítimo a proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos y a establecer sus propias políticas de inmigración. Reconoce la importancia de una política migratoria uniforme y esfuerzos bilaterales para garantizar una migración segura y ordenada, respetando los derechos humanos.
En consecuencia, México ha anunciado que no aceptará repatriaciones por parte del estado de Texas bajo ninguna circunstancia.
La canciller de México, Alicia Bárcena, ha rechazado esta ley y enfatizado en la prioridad de proteger y apoyar a los connacionales mexicanos. Ha calificado la medida como una criminalización y discriminación hacia personas en movimiento.
Fuente: El Universal
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