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EEUU
Redacción Sufragio
La libertad de expresión, un pilar fundamental en la democracia estadounidense, ha tomado protagonismo en la defensa del expresidente Donald Trump frente a los cargos relacionados con el gran bulo en las elecciones de 2020. Sus abogados argumentan que, cuando denunciaba un fraude inexistente en aquellos comicios, lo hacía de buena fe, amparándose en su derecho a opinar. Además, alegan que cuando pedía a sus colaboradores y funcionarios electorales alterar los resultados, solo expresaba "aspiraciones".
John Lauro, uno de los principales defensores de Trump en este caso, ha comparecido en varias cadenas de televisión para presentar la perspectiva de su cliente y revelar aspectos clave de su estrategia. Lauro ha apelado a la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a la libre expresión, considerándolo algo sagrado.
Según Lauro, todas las acciones que se le imputan a Trump se basan en peticiones aspiracionales y no en acciones concretas que constituyan obstrucción al Gobierno federal. Por ejemplo, el expresidente solicitó al secretario de Estado de Georgia que "encontrara" 11.780 votos para revertir la derrota frente a Joe Biden y exigió al vicepresidente Mike Pence que rechazara certificar los resultados oficiales de las elecciones en el Congreso. Este último acto llevó a sus seguidores a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021, creyendo en la afirmación de Trump sobre el fraude electoral.
El fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de varios cargos, incluidos conspiración para violar derechos civiles, conspiración para defraudar al Gobierno y manipulación de testigos, entre otros.
Aunque Lauro insiste en que las peticiones de Trump estaban protegidas por la libertad de expresión, Mike Pence contradice esta afirmación, afirmando que el expresidente le pidió anular los resultados electorales en dos ocasiones distintas.
La defensa de Trump también busca retrasar los juicios pendientes para que no coincidan con las elecciones presidenciales de 2024, en caso de que se postule nuevamente. Además, consideran la posibilidad de cambiar de juez y lugar para el juicio actual, argumentando que la jueza Tanya Chutkan no sería imparcial, ya que ya ha mostrado una postura crítica hacia el expresidente en casos anteriores.
El futuro de Trump ante la justicia está en entredicho, y su caso se convierte en un punto crucial en la lucha por preservar los fundamentos básicos de la democracia en Estados Unidos. El debate sobre si su defensa basada en la libertad de expresión es legítima o un abuso del derecho promete seguir siendo uno de los temas centrales en el panorama político y legal del país.
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