México
Redacción Sufragio
Un importante revés legal ha sacudido el escenario de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México. Un juez federal ha dictado una suspensión definitiva con efectos generales en contra de esta controvertida ley, deteniendo de manera temporal y significativa los procesos administrativos que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) llevaba a cabo. Esta decisión surge como respuesta a una demanda de amparo presentada por las organizaciones ciudadanas Uniendo Caminos México y Ciencia Plural MX, quienes han estado en pie de lucha en defensa de los intereses de la comunidad científica y académica.
Desde la promulgación de esta ley el pasado 8 de mayo de 2023, el panorama se ha visto enmarcado por un fervoroso rechazo de científicos, investigadores y académicos. La voz de la comunidad científica se ha alzado en denuncia ante lo que consideran un proceso legislativo viciado, en el que la participación y los foros pactados fueron ignorados, y los ajustes realizados a la ley han sido percibidos como un intento de imponer una única visión para silenciar críticas legítimas.
Las organizaciones Uniendo Caminos México y Ciencia Plural Mx han tomado la vanguardia en esta lucha, presentando un total de 41 amparos en contra de la reforma. De manera significativa, 37 de estos amparos han sido admitidos en todo el territorio nacional, señalando un apoyo generalizado a la causa en diversos rincones del país.
Hace tan solo cuatro días, un rayo de esperanza iluminó el camino de estos defensores de la ciencia y el conocimiento. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León concedió una histórica suspensión definitiva. Aunque esta suspensión no resuelve el conflicto en su totalidad, marca un hito al frenar los procesos administrativos relacionados con la aplicación de la ley, y fija para el próximo martes 12 de septiembre una audiencia constitucional que podría decidir el rumbo de esta batalla legal.
Cabe recordar que el proceso legislativo que condujo a la aprobación de esta ley estuvo marcado por la fuerza parlamentaria ejercida por Morena y sus aliados, quienes impulsaron una aprobación en fast track en el Senado en abril pasado. Esta acción precipitada generó un profundo malestar en la comunidad científica y ahora enfrenta un desafío legal sin precedentes.
A medida que las tensiones y expectativas se acumulan, la audiencia constitucional se erige como un momento crucial para determinar el futuro de esta ley y las implicaciones que podría tener para la comunidad científica y el progreso del país en los campos de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.