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Costa Rica
Redacción Sufragio
Después de intensas discusiones que abarcaron casi tres meses en el plenario legislativo, el Congreso de Costa Rica ha dado su aprobación preliminar al proyecto de ley 21.182, que busca llevar a cabo una reforma significativa en el Código del Trabajo, enfocada en la reestructuración de los horarios laborales en el sector privado.
Este proyecto, que ha experimentado varias modificaciones a lo largo de su proceso, se presentó por primera vez ante la Comisión de Asuntos Hacendarios en diciembre de 2018. Desde entonces, ha recorrido un largo camino en el Congreso, culminando con el respaldo del gobierno del presidente Rodrigo Chaves en el año 2022.
La propuesta introduce una nueva modalidad de jornada laboral, denominada "excepcional ampliada". Bajo esta modalidad, los trabajadores cumplirían cuatro días de trabajo a la semana, seguidos de tres días de descanso en el caso de horarios diurnos, y tres días de trabajo por cuatro de descanso para los horarios nocturnos. Ambas jornadas laborales constarían de 12 horas en total, con 10 horas y media de trabajo efectivo y 1 hora y media de tiempo de descanso.
La reacción a esta reforma ha sido variada, con voces a favor y en contra. Al concluir la votación, la diputada oficialista Pilar Cisneros expresó su satisfacción, afirmando que esta iniciativa brindará a las personas la oportunidad de optar por estas jornadas. Aseguró que estas jornadas excepcionales beneficiarán a aquellos que deseen elegirlas, ya que más del 95% de los trabajadores en el país se mantendrían en sus horarios actuales. Además, resaltó que esta decisión atraerá a empresas internacionales que buscan invertir en empleos bien remunerados y de alta calidad, especialmente en las áreas rurales de Costa Rica.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) manifestó en un comunicado su respaldo a esta aprobación preliminar. Argumentaron que esta medida impulsaría la competitividad del país, atraería inversión extranjera y estimularía la recuperación económica. La UCCAEP subrayó que la nueva jornada sería opcional y permitiría a los trabajadores un período de prueba de tres meses, durante el cual podrían optar por no continuar con el nuevo horario sin temor a ser despedidos.
Sin embargo, hay legisladores que se oponen al proyecto, sosteniendo que representa un retroceso en los derechos laborales. La diputada Montserrat Ruiz, del partido Liberación Nacional, destacó que en las relaciones laborales existe un desequilibrio de poder, lo que cuestiona la verdadera voluntariedad de la jornada. Argumentó que, en la práctica, los trabajadores podrían ser despedidos o no contratados si no aceptan estas nuevas condiciones.
Economistas como José Luis Arce también han planteado críticas al proyecto. Arce señaló que los defensores de la iniciativa parecen enfocarse en los beneficios de tener días libres, pero desde una posición privilegiada. Argumentó que disfrutar del tiempo libre requiere cierto nivel de ingresos y facilidades, que no todos poseen. Además, advirtió que para hogares más vulnerables, liderados por madres solteras, esta reforma podría resultar en una mayor inestabilidad laboral y condiciones salariales precarias.
La situación actual en Costa Rica establece jornadas de 8 horas diarias y hasta 48 horas semanales, con diferentes categorías dependiendo de si se trabaja durante el día, la noche o en horarios mixtos. El proyecto propone un aumento en la duración de las jornadas, pero con días de descanso adicionales, y establece tasas de pago ajustadas para los trabajadores bajo esta nueva modalidad.
Sin embargo, la discusión aún no ha terminado, ya que diputados de diferentes partidos han presentado consultas ante la Corte Suprema de Justicia para evaluar la compatibilidad del proyecto con la Constitución Política de Costa Rica. La Corte tiene un mes para tomar una decisión al respecto. Si el proyecto supera este escrutinio, regresará al plenario legislativo para un segundo debate decisivo. En caso contrario, se requerirán ajustes según las observaciones de la Corte Constitucional.
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